Durante años, la izquierda caviar y sus aliados en las ONG intentaron desactivar una de las herramientas más elementales de defensa democrática: la capacidad de identificar y denunciar a quienes simpatizan o justifican el terrorismo. Para ello popularizaron el término “terruqueo”, presentándolo como una práctica abusiva destinada a desacreditar adversarios políticos.
Según esta narrativa, señalar vínculos con el extremismo era poco menos que una muestra de intolerancia o una maniobra carente de argumentos. Sin embargo, los hechos han terminado por desmentir ese discurso. Aquellos que denunciaban obsesivamente el supuesto “terruqueo” fueron los mismos que minimizaron o encubrieron la presencia de individuos vinculados al senderismo y al movadefismo en espacios políticos, sindicales y estatales. Lo que se presentó como una exageración terminó revelándose como una advertencia legítima sobre una amenaza real para la democracia peruana.
La estrategia de estos sectores nunca fue ocultada del todo: aprovechar las libertades democráticas para avanzar una agenda destinada a erosionar las propias instituciones democráticas. La llegada de Pedro Castillo a la presidencia representó un punto de inflexión. Sus cuestionados vínculos con sectores cercanos al MOVADEF encendieron alertas que fueron sistemáticamente desestimadas por la izquierda. Sin embargo, la caída de su gobierno no significó el fin de esa influencia.
La irrupción de nuevas agrupaciones y figuras políticas ha permitido que personajes con antecedentes o conexiones ideológicas preocupantes continúen encontrando espacios de representación. Casos como el de Iber Maraví, permanentemente rodeado de cuestionamientos por sus presuntos nexos con el entorno senderista, o la presencia parlamentaria de César Tito Rojas, fundador del MOVADEF, constituyen ejemplos de una realidad que muchos prefirieron ignorar. No se trata de episodios aislados, sino de una tendencia que ha buscado normalizar la presencia de quienes reivindican o relativizan la violencia política que ensangrentó al país.
Resulta particularmente grave que organizaciones y estructuras sindicales hayan sido utilizadas como plataformas para impulsar estas agendas. El ingreso de representantes vinculados a ese entorno constituye una afrenta a la memoria de los miles de víctimas que sufrió el Perú durante las décadas de terror. Hoy, además, el país enfrenta un escenario de alta tensión política.
Ante la inminencia de un triunfo electoral de las fuerzas democráticas y de un gobierno que rechace los modelos estatistas y populistas promovidos por la izquierda radical, ciertos sectores han optado por abandonar cualquier moderación discursiva. Las convocatorias a marchas sobre Lima, las amenazas de paralización y los discursos que evocan escenarios de confrontación civil revelan una peligrosa disposición a desconocer los resultados democráticos cuando estos no les favorecen.
Es importante no caer en los eufemismos. Cuando grupos organizados recurren a la violencia, atacan infraestructura pública, buscan paralizar actividades esenciales o ponen en riesgo vidas humanas para imponer objetivos políticos, corresponde llamar a esos actos por su nombre. La democracia no puede sobrevivir si renuncia a defenderse de quienes pretenden destruirla utilizando sus propias libertades. El Perú atraviesa una etapa decisiva.
La disyuntiva es clara: defender las instituciones democráticas y la libertad frente a quienes buscan imponer proyectos inspirados en la confrontación permanente, o ceder ante una corrección política que termina favoreciendo a los enemigos de la propia democracia. La claridad moral y política resulta indispensable en momentos como este. Porque cuando el extremismo avanza disfrazado de reivindicación social y la violencia pretende legitimarse como protesta, el silencio deja de ser neutralidad para convertirse en complicidad.
(*) Analista político
