El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana afirmó que es el primer interesado en que se esclarezca la denuncia sobre una presunta red de prostitución que habría funcionado desde el Parlamento y señaló que la Fiscalía tiene todas las facilidades para desarrollar su labor de investigación.
“Nos sometemos a las investigaciones tanto del Ministerio Público como de la Comisión de Fiscalización. A ambos se les están dando todas las facilidades”, expresó. Salhuana propondrá restituir la vigencia del Estatuto Parlamentario para garantizar que los trabajadores sean contratados por su capacidad, competencia e idoneidad. Por su parte, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, señaló que la contratación de Isabel Cajo en la Oficina Legal y Constitucional fue aprobada por el expresidente de la Mesa Directiva, Alejandro Soto.
“Hemos encontrado que, dentro de los requerimientos que hacen los diferentes departamentos del Congreso, la señorita Isabel Cajo ha trabajado en un área. Después de un mes y medio fue requerida por el señor Jorge Torres Saravia. Ese requerimiento habría sido firmado bajo la autorización de la presidencia de Alejandro Soto”, explicó.
