La presidenta Dina Boluarte y el titular del Congreso, Alejandro Soto, enviaron una carta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para rechazar el pedido de suspender el proyecto de ley sobre crímenes de lesa humanidad y de guerra, que permite la prescripción de estos delitos cometidos antes de 2002.
El premier Gustavo Adrianzén resaltó la posición de ambos poderes del Estado. “No tenemos ninguna razón, de momento, para excluirnos de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La presidenta de la República y el titular del Parlamento han enviado una carta de respuesta a la resolución de la CIDH, expresando su profundo rechazo”, indicó.
Al respecto, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, indicó que la Corte no tiene facultad para ordenar a los poderes del Estado, incluyendo el Poder Judicial, sobre cómo proceder en sus decisiones. En esa línea, mencionó que la aplicación de la ley dependerá de los jueces peruanos, quienes decidirán si es constitucional o no mediante el control difuso
