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Derecho a la alimentación no se cumple en Perú donde más del 50% de población enfrenta inseguridad alimentaria

PERUSAN alerta que pobreza, incremento de precios y cambio climático son mayores amenazas para este derecho

El Derecho Humano a la Alimentación, reconocido jurídicamente en nuestro país y en los tratados internacionales que hemos suscrito, no se viene cumpliendo en el Perú donde actualmente alrededor del 50% de la población enfrenta inseguridad alimentaria, lo que significa que la mitad de los peruanos no puede acceder a comestibles suficientes y nutritivos que le permitan mantener una adecuada alimentación.

El cumplimiento de este derecho tiene sus mayores amenazas en el incremento de la pobreza monetaria, que según cifras del INEI en el Perú afecta al 27.5% de la población nacional; el alza de precios de los alimentos; y el cambio climático. Este último factor está provocando la disminución de la producción y productividad agropecuaria, y el aumento de precios, mientras que gran parte de la población ha visto reducido sus ingresos económicos. Según la Organización de las Naciones Unidas, para reducir esta amenaza los Estados deben tomar medidas urgentes.

En este contexto, PERUSAN, una alianza de la sociedad civil que busca incidir en políticas que contribuyan al logro de la seguridad alimentaria y nutricional, advirtió que a causa de la elevada inseguridad alimentaria las poblaciones más vulnerables enfrentan hambre, no se alimentan adecuadamente o han disminuido la cantidad de comestibles que consumían antes. De acuerdo a la última medición de la seguridad alimentaria realizada por el MIDIS y el PMA, el 51.6% de la población peruana está pasando hambre.

Ana María Acevedo, miembro del Comité de Coordinación de PERUSAN, afirmó que la plena vigencia del Derecho Humano a la Alimentación implica que toda la población tenga capacidad para comprar alimentos para saciar su hambre; no solo carbohidratos y productos ultra procesados, sino fundamentalmente productos para una dieta saludable y equilibrada.

Señaló que, en un contexto de crisis alimentaria, el acatamiento de este Derecho Humano obliga al Estado peruano a cumplir con cuatro obligaciones establecidas en el ordenamiento jurídico nacional e internacional. Estas son: respetar el acceso a una alimentación adecuada; proteger a la población de que empresas o particulares los priven del acceso a una adecuada alimentación; facilitar y promover el acceso a recursos y medios que aseguren este derecho; y garantizar la no discriminación en el acceso a la alimentación.

Según el Tribunal Constitucional peruano, el derecho a la alimentación se concreta de manera progresiva y es obligación incondicional mínima del Estado asegurar la provisión y acceso a alimentos que eviten que los ciudadanos padezcan hambre.

Retos para una alimentación saludable

La representante de PERUSAN expresó que la inseguridad alimentaria impone un conjunto de retos al Perú para lograr que toda la ciudadanía tenga acceso a una alimentación saludable.

Ana María Acevedo, manifestó que, en el plazo inmediato, estos retos incluyen implementar una política de Estado para proteger el derecho a la alimentación, mediante la mejora del acceso a productos saludables con precios alcanzables y fortaleciendo los circuitos cortos de comercialización para asegurar una disponibilidad de alimentos para una adecuada nutrición.

Además, ampliar los programas de ayuda alimentaria para atender a la población vulnerable; entregar mayor presupuesto a ollas comunes y comedores populares; mayor inversión pública en promoción de la agricultura familiar y pesca artesanal; priorizar como política de Estado la inversión en la producción de alimentos para disminuir nuestra dependencia de insumos importados para el agro e industria alimentaria, y fortalecer el Seguro Agrario Catastrófico.

Indicó que los retos de mediano plazo comprenden: mejorar el empleo con el cumplimiento de la legislación laboral y salarios dignos; priorización progresiva de la producción de alimentos para consumo interno; cumplimiento por parte de los programas sociales y de compras estatales de la Ley de compras estatales hasta alcanzar el 30% de adquisición a la agricultura familiar y pesca artesanal; mayor conocimiento de la oferta alimentaria nacional y regional; y seguimiento de los indicadores de seguridad alimentaria y alertas tempranas a nivel nacional, regional y local.

PERUSAN es un colectivo de instituciones civiles y expertos que se conformó en julio del 2020 como espacio de diálogo y propuestas en materia de seguridad alimentaria y nutricional. Se ha posicionado como referente e interlocutor válido entre la sociedad civil y el Estado.

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