Ya Aprosec venía advirtiendo en diversos artículos y entrevistas sobre la urgencia de mejorar el sistema penitenciario en el Perú tras la violencia en las cárceles de Ecuador. Este gobierno necesita una política de Estado clara para reducir la delincuencia organizada y común, estableciendo bases para una respuesta integral y articulada. Sin un trabajo conjunto entre las principales instituciones operativas y de justicia, los problemas actuales persistirán.
La Policía captura y la Justicia libera. En los penales, los delincuentes que ingresan buscan organizarse para seguir delinquiendo, y la sobrepoblación carcelaria agrava la situación. En el país hay 68 penales con una población de casi 95,000 internos. La sentencia del Tribunal Constitucional, que instaba a solucionar la sobrepoblación carcelaria hace cinco años, no se ha cumplido. Esto evidencia una falta de capacidad para rehabilitar a los internos y resalta la responsabilidad del Ministro de Justicia por omisión de funciones.
En documentos del INPE, la cárcel de Sarita Colonia es la más sobrepoblada, albergando 3,363 internos con una capacidad para 572, mientras que la cárcel de Castro Castro tiene 5,750 internos con capacidad para 1,142. Estas cifras reflejan la crisis carcelaria y la necesidad de construir más penales con sistemas de seguridad adecuados.
El uso de grilletes electrónicos también debe manejarse con cautela, pues no resuelve el hacinamiento y podría aumentar la corrupción. En diciembre pasado, el Ministro de Justicia anunció la reestructuración del sistema penitenciario con una inversión de 3,000 millones de soles, pero esta medida aún no muestra resultados concretos.
El uso del arma de reglamento por la PNP
Con respecto a la Ley que permite a los policías usar su arma de reglamento, me refiero a la modificación del Decreto Legislativo 1186, que autoriza a la PNP al uso del arma de fuego en caso de flagrante delito, desde Aprosec manifestamos estar de acuerdo con esta iniciativa no sin antes mencionar algunos aspectos técnicos importantes.
El uso de armas de fuego por parte de los miembros de la PNP es un tema de permanente atención y debate en la sociedad peruana, especialmente ante episodios de violencia, abusos o excesos durante intervenciones policiales.
En un país marcado por la inseguridad ciudadana, pero también por una historia de conflictos sociales y violencia política, el rol del policía armado con potestad para usar la fuerza letal debe enmarcarse en una rigurosa legislación, formación profesional y protocolos que garanticen tanto la seguridad pública como el respeto a los derechos humanos.
La modificación del Decreto Legislativo 1186 autoriza el uso de armas de fuego por parte de la PNP en casos de flagrante delito. Si bien esta iniciativa es necesaria, debe estar enmarcada en una legislación rigurosa y protocolos que garanticen tanto la seguridad pública como el respeto a los derechos humanos. A nivel internacional, el uso de armas por parte de la policía varía según las realidades de cada país. En el Perú, la violencia de las bandas criminales requiere medidas particulares que incluyan recursos para formación y entrenamiento policial, algo que actualmente es insuficiente debido a la falta de presupuesto.
Finalmente, las estrategias del gobierno, como los estados de emergencia y los cambios constantes de ministros del Interior, no han logrado frenar la inseguridad ciudadana, dejando a la población expuesta y vulnerable.
(*) Presidente de APROSEC
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