La misión de la Contraloría General de la República (CGR) es “dirigir, supervisar y ejecutar el control a las entidades públicas para contribuir al uso eficaz, eficiente y transparente de los recursos públicos”. Eso dice la página web de la institución. Y su visión es “ser reconocida como una institución de excelencia, que crea valor y contribuye a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”.
Por otro lado, los Órganos de Control Institucional, más conocidos como OCI, son los encargados de realizar los servicios de control simultáneo y posterior en todas las instituciones del Estado; así como los servicios relacionados a los Planes Anuales de Control y a las disposiciones aprobadas por la CGR.
La pregunta es: ¿han cumplido la CGR y los OCI la visión y misión para los cuales fueron creados? En otras palabras, ¿han logrado los resultados esperados respecto al uso eficaz, eficiente y transparente de los recursos públicos? En mi opinión, la respuesta es un NO rotundo.
Las intenciones pueden haber sido muy buenas, pero los resultados han sido todo lo contrario. La corrupción rampante en casi todas las instituciones del Estado lo dice todo: coimas por doquier, sobrevaloraciones groseras, proveedores truchos, compras y contrataciones de pésima calidad, adendas amañadas en favor de contratistas corruptos, funcionarios con títulos académicos falsos, médicos de hospitales que abandonan sus centros de trabajo, mafias en el otorgamiento de licencias de todo tipo.
Pero eso no es todo. Lejos de ejecutar las acciones de control para contribuir al uso eficaz y transparente de los recursos públicos, la CGR se dedicó más a investigar y denunciar faltas irrelevantes e intrascendentes. La reciente inhabilitación del señor Carlos Linares (hasta hace poco, presidente del directorio de Petroperú) por un tema referido a gastos de café, edulcorantes y frutas durante su gestión como presidente del Directorio de COFIDE, es tan solo una muestra emblemática del modo de actuar, absurdo, arbitrario y abusivo, de la CGR.
Aparte de sancionar injusta y de modo abusivo a muchos funcionarios honestos, la CGR también se dedicó a interferir sistemática y arbitrariamente en muchas decisiones técnicas, para lo cual no tenía competencias.
Así las cosas, el accionar de la CGR devino en un temor generalizado de muchos funcionarios públicos. El Estado se atiborró de burócratas que, por temor a la CGR, no tomaron ninguna decisión ni firmaron ninguna resolución. El problema puede estar en los ¿7,000? Funcionarios que trabajan en esa enorme institución estatal. ¿Cuánta corrupción e ineptitud se habrá mimetizado al interior de ese monstruoso cardumen burocrático?
En fin, de eso se trata el presente artículo. Hacerle ver a nuestros lectores que el control arbitrario, y abusivo, de la CGR generó temor en muchísimos funcionarios. Y el temor devino en inacción generalizada en el aparato estatal. Y que la inacción, a su vez, devino en descontrol. Y que así fue como la corrupción se enquistó en el Estado peruano.
(*) Exgobernador regional de Ica.
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