Opinión

¡Cuando las razones no valen en el debate público!

Por: Ángel Delgado Silva

Síntoma indiscutido de la descomposición política peruana es la debacle del razonar inteligente, que debiera primar en la esfera pública. Si la polarización es ya un problema, la cosa empeora hasta el delirio cuando los argumentos en liza son bazofia deletérea. Nada bueno de este cuchicheo de corral que ha desplazado a la confrontación de ideas (que la democracia alienta para superar los entrampes). Al contrario, la puerilidad idiota enciende ánimos y tensiones; pero nada más. Vuelve inútil ubicar un espacio común para el debate. Y menos superar conflictos, para arribar a consensos alternativos.

Esta diarrea incontenible atiborra el acontecer cotidiano como nunca. Y los actores políticos y la mayoría de la prensa retozan complacidos, en dicho fango de pocilga. La decrepitud de la otrora “noble política” no cesa: las causas y motivos que se esgrimen son de la peor ralea. ¡Se esfuerzan por pervertir la escena pública, más aún! La última sandez de este albañal alude a la nariz presidencial y al affaire consiguiente: “operación plástica”, “abandono de cargo”, “favores indignos”, “vacío de poder”, “falsificación de firma”, “suplantación de funciones” y un etcétera sin fin. Obviamente, no participaré del festín. Es decir, no diré nada sobre la cirugía, si fue por estetismo o salud. O, si el Congreso en pleno debía autorizar la intervención. ¡Allá los especialistas de la baja policía política, felices en su garbanzal! Son los tiempos de la posmodernidad woke (“caviar” en nuestro medio). ¡La ridiculez se ha impuesto por doquier!

Sin embargo, al escuchar que este cúmulo de estupideces abriría el camino hacia la vacancia presidencial, me obligo a afirmar lo siguiente: Que ésta es una figura constitucional y como toda institución jurídica aplicarla o no, depende de las normas taxativamente creadas para la materia. Aquí no caben las narrativas construidas ex profeso, cada una más truculenta que la otra. No es la creencia febril y alucinada del congresista lo que determina la vacancia.

En un Estado de Derecho la penalidad solo se sanciona si la conducta en cuestión está previamente tipificada en un mandato jurídico. En este caso, el Art. 113º de la Constitución (causales de vacancia presidencial). En dicho texto advertimos que el único “abandono de cargo presidencial” reconocido como causal de vacancia, es estando fuera del país sin autorización congresal. No hay más. Ergo no existe tal abandono mientras el jefe de Estado se encuentre en el país.

Allí ejerce su poder las 24 horas y los 365 días del año, sin excepción. Todos los aparatos oficiales y más de un millón de funcionarios actúan en su nombre, siendo por ello legítimos. Sin esta ficción jurídica, imprescindible y necesaria, el Estado no podría funcionar. ¡Esta es la realidad, así son las cosas. Basta de la estolidez imaginativa fruto de la ignorancia supina!

(*) Abogado constitucionalista.

* La Dirección periodística no se responsabiliza por los artículos firmados

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