Ya no se trata solamente de recibir una llamada amenazante o de pagar un cupo para evitar un ataque, porque la extorsión está presente en la vida cotidiana de comerciantes, transportistas, empresarios y familias, modificando horarios, decisiones y hasta la manera en que muchas personas desarrollan sus actividades.
Entre enero y julio de 2026, el Ministerio Público registró 13 892 denuncias por extorsión a nivel nacional, de las cuales 5 635 correspondieron a Lima y 1 625 a La Libertad, mientras que la tasa de denuncias por este delito pasó de 11,5 por cada 100 000 habitantes en 2019 a 77,8 en 2025.
Lo más preocupante es que la extorsión no busca únicamente obtener dinero, sino generar miedo y sometimiento, porque cuando un comerciante cambia su horario, un transportista trabaja bajo amenaza o una empresa deja de invertir por temor a convertirse en víctima, el delito comienza a influir directamente sobre las decisiones de quienes sostienen buena parte de nuestra economía.
Por eso creo que aquí está uno de los mayores peligros, ya que permitir que el miedo determine cómo trabajamos, dónde invertimos o cuándo podemos salir significa concederle al crimen un espacio que ninguna organización delictiva debería ocupar y que el gobierno no debe permitir.
La respuesta tampoco puede limitarse a aumentar las penas, porque perseguir eficazmente a estas organizaciones requiere inteligencia policial, investigación financiera, seguimiento de sus comunicaciones, identificación de sus redes y una coordinación mucho más efectiva entre Policía, Fiscalía y Poder Judicial.
También debemos prestar atención a las cárceles, debido a que una organización criminal puede continuar operando desde un penal si no existen controles suficientes sobre las comunicaciones y las actividades de quienes permanecen recluidos, por lo que cortar esas conexiones debería ser una prioridad dentro de cualquier estrategia contra la extorsión.
A la vez, considero necesario facilitar la denuncia y proteger a las víctimas, porque resulta difícil pedirle a una persona que enfrente al crimen cuando teme por su propia vida o por la seguridad de su familia, de modo que el Estado debe ofrecer canales seguros, respuestas rápidas y mecanismos que permitan acompañar al denunciante durante todo el proceso.
Combatir la extorsión también significa impedir que el miedo termine convirtiéndose en una forma de poder, porque cuando una amenaza consigue modificar nuestras decisiones, cerrar un negocio, paralizar un servicio o condicionar nuestra vida cotidiana, el delincuente ya no solo está cometiendo un delito, sino intentando imponer sus propias reglas.
El desafío es recuperar esa autoridad antes de que la costumbre de vivir bajo amenaza termine pareciéndonos normal, fortaleciendo las instituciones y demostrando que en un Estado de derecho las reglas las ponen los ciudadanos y las autoridades legítimamente constituidas, nunca quienes utilizan la violencia para imponer su voluntad y ahí es cuando la extorsión quiere convertirse en poder.
(*) MG. CPC. y exdecano del Colegio de Contadores Públicos de Lima
