En el Diccionario de la Legislación Peruana, Francisco García Calderón define al peaje como “el derecho que se paga por sacar, entrar mercaderías o pasar ganados o aún personas por algunos caminos, calzadas, puentes”. La ley más antigua sobre el peaje fue la establecida el 4/8/1849 estableciéndose aquel como un derecho en todo el territorio nacional, suspendiéndose su ejecución por circular de 5/4/1851.
El primer peaje que fue efectivo fue creado el 26 de noviembre de 1894 en tiempos del mariscal Andrés Avelino Cáceres, establecido entre Otuzco con Trujillo en el departamento de La Libertad, y la recaudación iba a servir para el mejoramiento de la ruta de “El Arco y San Bartolo”, siendo la junta departamental la que administraba el recurso obtenido y entregaba la buena pro al ente encargado de mejorarla y mantenerla para el tránsito de personas y animales. Al día siguiente se publica otra norma que crea en el Cuzco un peaje a los comerciantes que no residen en el departamento y que comercializan mercaderías nacionales y extranjeras.
Es por Ley N° 15773 del 6/12/1965 durante el primer gobierno del presidente Belaunde se crea el peaje en las carreteras, y que podrá establecerse en aquellas cuyo uso sea más ventajoso que el de otra carretera “preexistente” y procede en caso de carreteras troncales en las que se hagan mejoras sustanciales, tales como reacondicionamiento… que las convierta en vías de primera clase y que traigan como consecuencia una reducción del costo de transporte, que en cada caso será justificado mediante estudios…”, fomentando la construcción de nuevas vías.
La misma Ley N° 15773 ordenaba que el producto que se obtenga por concepto de aplicación del peaje constituía renta del tesoro público, destinado a la conservación y mantenimiento de los caminos que producen dicha renta.
Como se aprecia, a través de nuestra historia los peajes han tenido características de impuestos y/o contribuciones su cobro ha servido para mantener los caminos y carreteras, pero no para lucrar u obtener dinero en base a políticas usureras.
Con criterio descentralista se entrega a la municipalidad de Lima los peajes de su jurisdicción para aumentar sus recursos, encargándose de su mantenimiento; pero con el precepto de la modernización del estado y la mal entendida idea que “el estado no sabe administrar su dinero”, aparece “Rutas de Lima” constituida como una iniciativa privada creada por la empresa corrupta Odebrecht, presentando un proyecto para administrar los peajes y hacer mejoras a la autopista, a cambio se recibirá solamente el 4% de los ingresos, sin conocerse el costo del mantenimiento por km de la autopista. Después de 2 años de negociaciones, la Municipalidad de Lima aceptó todo el 9/1/2013 en la gestión de Susana Villarán acordándose implementar un peaje en Puente Piedra, lugar donde no se podía construir rutas alternas y única vía que conecta la ciudad de Lima con el norte del país.
En el peaje de la época de Cáceres, se cobraba por cada caballo o mula dos centavos; por cada burro un centavo; por cada vacuno dos centavos; por un chancho un centavo y por cada ganado lanar medio centavo. Y con ese peaje se concretó primero un camino, luego una trocha y después una carretera, y todo eso con la administración de la comuna de Trujillo y de Otuzco.
En 2013 la alcaldesa Villarán y sus funcionarios de alta dirección entregaron a una empresa corrupta la renta que el Estado les permitió administrar y en una negociación delictiva atentaron contra los usuarios del transporte, pretendiendo cobrar sumas altísimas que van contra la economía popular. Mientras el peaje de Cáceres se cobraba por el paso de animales, ahora son los coludidos con la corrupción los que pretenden cobrar el uso de nuestras vías que ya estaban hechas cuando las comenzaron a administrar, con el único propósito de enriquecerse a costa de todos nosotros. Antes era peaje, lo de hoy es “pillaje”.
(*) Excongresista
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