Opinión

Corrupción descentralizada

Por: Martín Valdivia Rodríguez

Este domingo también serán elegidos los gobernadores regionales. Habría que hacer un balance de lo que se ha avanzado en la descentralización a través de los gobiernos regionales. Para empezar, oficialmente las circunscripciones políticas y jurídicas del Perú son los departamentos y no las regiones. Por esta razón, en los documentos oficiales no figura la palabra región, sino departamento. Ahí nomás hay un asunto que es necesario definir.

Eso sí, los gobiernos regionales son considerados personas jurídicas de derecho público con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. En realidad, es un tema muy complejo en el que influyen aspectos históricos, geográficos, económicos, sociales y culturales, lo que ha causado problemas que han impedido que hasta el momento los gobiernos regionales contribuyan de manera efectiva con la descentralización. A todas luces, el problema principal es la corrupción. Según un informe de Ojo Público, los gobernadores que fueron electos en el 2018 en las regiones de Junín, Puno, Áncash, Arequipa, Madre de Dios, Huánuco, Tumbes y Ucayali, ocho en total, ya no ejercen sus cargos. Algunos tienen sentencias judiciales y cumplen prisión preventiva o están prófugos de la justicia.

En la actualidad, un total de 21 autoridades regionales en funciones, entre las que figuran gobernadores encargados, tienen investigaciones en curso en el Ministerio Público y el 70% de ellas están relacionadas con el delito de corrupción de funcionarios. Hay gobernadores con decenas de investigaciones en su haber, como son los casos de Pedro Ubaldo, de Pasco (62); Elisbán Ochoa, de Loreto (60); Baltazar Lantarón, de Apurímac (35); Servando García, de Piura (34), y el prófugo Juan Manuel Alvarado, de Huánuco (32).

Para el Poder Ejecutivo es muy difícil controlar la corrupción en los gobiernos regionales. En muchas regiones se han tejido telarañas de la corrupción que involucran a gobernadores, vicegobernadores y consejeros en casos de colusión, peculado, negociación incompatible, malversación, cohecho y otros delitos.

El riesgo es grande, pero se mueven tantos millones en obras públicas, principalmente vinculadas a la construcción, que muchos caen en la tentación. Ya es hora de pensar con mayor seriedad en la solución a este grave problema. Porque hasta ahora solo se ha descentralizado la corrupción. Porque lo que digo y escribo siempre lo firmo.

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