Congreso ya tiene la lista de 487 beneficiados con “vacunas VIP”
Entre ellos están Vizcarra, Mazzetti y Astete, quienes ya fueron denunciados
El Congreso, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General del Estado, el Ministerio Público y la comisión investigadora del Ministerio de Salud ya tienen la lista de 487 personas, entre ellas las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete, que se vacunaron irregularmente.
Así lo dio a conocer, cerca de la medianoche, la Presidencia del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, a través de la cuenta de Twitter de la PCM. Indicó que dicho listado fue enviado a cada una de las instituciones que se encargan de realizar las investigaciones por el caso de los funcionarios que se vacunaron contra el COVID 19 sin ser parte de los ensayos clínicos que se llevaron a cabo en el país.
Horas antes, el presidente Francisco Sagasti había informado que un total de 487 personas, entre ellas servidores públicos, se aprovecharon de su posición y se vacunaron fuera de los mencionados ensayos clínicos.
En el listado se incluirían a los funcionarios públicos de algunos sectores como el Ministerio de Salud y de Relaciones Exteriores, que habrían recibido la vacuna del laboratorio Sinopharm.
Como se conoce, el presidente Sagasti confirmó que entre estos servidores están la exministra de Salud, Pilar Mazzetti y la excanciller, Elizabeth Astete. En la relación también aparece el expresidente Martín Vizcarra.
JUICIO CONSTITUCIONAL
Cabe señalar que la bancada Nueva Constitución presentó una denuncia constitucional contra el expresidente de la República, Martín Vizcarra, la exministra Mazzetti y la excanciller Astete por haber sido “beneficiarios” con la vacuna contra el nuevo coronavirus de Sinopharm.
“Resulta cuestionable que Vizcarra, Mazzetti y Astete hayan sido beneficiarios de la vacuna contra la COVID-19 de Sinopharm cuando el Perú ha sido uno de los países más afectados por esta enfermedad”, indica la denuncia constitucional.
“Solicitamos tener presente esta denuncia constitucional y disponer su trámite con carácter de urgencia ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, a fin de que, como consecuencia del juicio constitucional correspondiente, se procesa a su inhabilitación en el ejercicio de la función pública por diez años”, agrega la acusación.
