Con 78 votos a favor, 21 en contra y ocho abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó la modificación de la ley sobre crimen organizado, pero no su derogatoria.
Según el texto sustitutorio, que fue exonerado de segunda votación, por lo que pasará al Poder Ejecutivo para su promulgación, se mantiene la definición de crimen organizado “como estructura compleja desarrollada compuesta por tres o más personas”.
Además, se aprueba dictar cinco años de prisión como mínimo para aquellos que cometan delitos de extorsión, secuestro, sicariato, con el objetivo de obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro de orden material.
En el texto sustitutorio se modifica el numeral 3 del artículo 216 de la Ley 32130, que exigía la presencia de un abogado para llevar a cabo los operativos de allanamiento. Con la modificación hecha a la mencionada norma, en una diligencia ahora será necesaria la presencia de un abogado de la defensa pública, pero no la del investigado en el lugar del allanamiento.
