Congreso debe aprobar por insistencia la ley que corrige las deficiencias de la actual norma que regula el ISC a juegos y apuestas

Reconocidos tributaristas y constitucionalistas coinciden en señalar que el Congreso de la República debe aprobar por insistencia la autógrafa de ley que modifica la Ley 31557, sobre la explotación de juegos y apuestas deportivas a distancia, y la Ley 30096, de delitos informáticos, incorporando a las personas naturales con negocio y tipificando como delito la manipulación de resultados deportivos.

“El nuevo marco legal solucionaría problemas de fondo y evitaría que las casas de apuestas recurran al Poder Judicial o al Tribunal Constitucional para cuestionar el cobro de impuestos. El Decreto Legislativo 1644, emitido por el MEF, fue mal concebido”, advirtió Carlos Mesías, abogado y exmiembro del Tribunal Constitucional.

Mesías explicó que la observación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) favorece a las casas de apuestas y juegos a distancia que buscan evadir el pago del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). Con esta decisión, dichas empresas quedan habilitadas a presentar recursos de amparo o acciones de inconstitucionalidad, tal como ocurrió en el pasado con los tragamonedas. Si estos procesos resultan favorables para las casas de apuestas, el Tribunal Constitucional podría ordenar al Estado la devolución de millones de soles ya recaudados, generando un grave perjuicio para el erario nacional.

Por su parte, el tributarista José Verona señaló que otro aspecto central es que esta ley incorpora expresamente a las apuestas deportivas y juegos en línea como operaciones gravadas en la Ley General del IGV e ISC. Hoy, al no estar incluidas, el cobro de impuestos carece de sustento legal.

Un problema de fondo: el ISC sobre el mismo dinero

Verona explicó que la actual regulación del ISC genera un despropósito: el impuesto se aplica sobre todas las apuestas realizadas y no sobre el dinero realmente utilizado por el jugador. Es decir, si un usuario deposita en su cuenta y gana una apuesta, ese mismo saldo puede volver a apostarse, pero cada jugada vuelve a ser gravada como si se tratara de dinero nuevo.

En la práctica, el fisco termina cobrando varias veces impuesto sobre el mismo monto, lo que eleva artificialmente la carga tributaria hasta niveles insostenibles. A ello se suma que el ISC también grava los bonos y promociones, es decir, montos virtuales que nunca ingresan a la caja de los operadores, lo que genera un escenario aún más distorsionado.

Este error no solo encarece la operación formal y atenta contra la competitividad, sino que además podría convertirse en motivo de nuevas acciones legales de las casas de apuestas.

Mientras tanto, los operadores ilegales —que no tienen ninguna carga tributaria— pueden ofrecer mejores cuotas (precios), promociones y bonos a los usuarios, atrayendo a quienes hoy participan en plataformas reguladas. El resultado sería una pérdida superior a 100 millones de soles anuales en recaudación para el Estado, además de un retroceso en el proceso de formalización del sector.