En Perú, la comunicación política se ha vuelto una necesidad urgente. No se trata solo de emitir mensajes desde el Estado o los partidos, sino de cómo las autoridades explican sus decisiones, cómo escuchan a la ciudadanía y cómo fortalecen la relación entre el poder y la gente. Sin una comunicación clara, la política se convierte en ruido, confusión y distancia.
Hoy, la mayoría de mensajes políticos buscan impresionar o defenderse. Se elaboran pensando en redes sociales, no en informar con claridad. Las conferencias de prensa, los videos oficiales y las publicaciones digitales no siempre responden a las dudas ciudadanas. En lugar de explicar lo que se hace y por qué, se recurre a frases vacías, promesas sin sustento o, peor aún, a la victimización como estrategia discursiva.
Este problema no es solo de estilo, sino estructural. En muchas instituciones públicas, la comunicación sigue siendo vista como un servicio accesorio. Se les encarga a oficinas que no participan del diseño de políticas ni conocen su impacto en la vida cotidiana. Esta desconexión debilita la capacidad del Estado para generar confianza y credibilidad, y deja espacio libre para que la desinformación se expanda.
Un ejemplo claro de una mala estrategia de comunicación se dio en 2020, durante la pandemia de la COVID-19. La falta de una campaña efectiva por parte del Ministerio de Salud dejó un vacío que fue aprovechado por los grupos antivacunas, los cuales difundieron desinformación y generaron desconfianza en la población.
El escenario se agrava aún más con la dinámica de las redes sociales, donde la rapidez y la polémica pesan más que la verdad. En estos espacios, los mensajes se reducen a consignas que se viralizan, muchas veces sin contexto ni sustento. La polarización se intensifica y la conversación pública se vuelve un campo de batalla en lugar de un espacio de diálogo. En este entorno hostil, la comunicación política requiere ser más precisa, transparente y empática que nunca.
A pesar de este panorama desafiante, hay señales alentadoras. Algunos gobiernos locales, instituciones técnicas y colectivos ciudadanos están apostando por una comunicación más clara, directa y cercana. Además, profesionales jóvenes vienen asumiendo un nuevo enfoque: entienden que comunicar no es solo difundir, sino construir entendimiento. Estos esfuerzos muestran que sí es posible acercar el Estado a la gente a través de una comunicación genuina y responsable.
Pero para que estas iniciativas tengan impacto real, es necesario un cambio de enfoque desde el poder. La solución no pasa por aumentar el gasto en publicidad, sino por integrar la comunicación a la estrategia de gobierno desde el inicio. Comunicar no debe ser un recurso para controlar crisis, sino una herramienta para prevenirlas. Las autoridades deben hablar con claridad, asumir responsabilidades y, sobre todo, escuchar. Solo así se podrá reconstruir la confianza perdida.
Una democracia sólida no se sostiene solo con instituciones, sino con líderes que sepan comunicar con honestidad y respeto. No se trata de buscar aplausos, sino de rendir cuentas, explicar lo que se hace y reconocer a quienes confiaron en las urnas. La política no mejora con discursos bonitos, sino con palabras que informan y acciones que se entienden.
(*) Juez titular de la Corte Superior de Justicia de Ucayali.
