Según el Ministerio Público, la colaboración eficaz “es un proceso especial autónomo, no contradictorio, basado en el principio del consenso entre las partes y la justicia penal negociada, que tiene por finalidad perseguir eficazmente la delincuencia”. Un personaje emblemático de esta figura jurídica es Matilde Pinchi Pinchi, cuyas revelaciones contribuyeron a llevar a la cárcel a Vladimiro Montesinos y varios políticos, militares y empresarios del régimen de Alberto Fujimori.
En el actual gobierno, la lobista Karelim López y el siniestro empresario Zamir Villaverde intentan reducir posibles penas o salir ilesos de la tormenta que envuelve a la vorágine de la corrupción. Sin embargo, están lejos de garantizar credibilidad y valor probatorio.
Karelim López Arredondo es una empresaria peruana que registra acercamientos y vínculos con varios gobiernos. Pese a no tener grados ni títulos registrados en el Sunedu, trabajó en el Congreso en los años 2003-2004 y en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones cuando el titular de esa cartera era Enrique Cornejo, durante el período aprista de Alan García. Además, fue aportante de la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2016. Y, últimamente, visitó Palacio de Gobierno y la casa de Sarratea, organizó la fiesta de cumpleaños de la hija del presidente Pedro Castillo. Se codeaba con el poder y llevaba una vida de lujos, viajes y autos de alta gama.
Zamir Villaverde, por su parte, es dueño de una empresa de seguridad y se desconoce cómo llegó a regodearse en el mismísimo cogollo del poder. El nexo podría ser Bruno Pacheco, quien trabajó para su empresa y acabó como secretario general de Palacio de Gobierno. Fue miembro de la FAP, pero fue expulsado de la institución cuando se descubrió que había cometido actos delictivos junto a otros suboficiales durante sus días de franco. Incluso, fue degradado en una ceremonia oficial en 1999. En el 2007 participó en un asalto a balazos de una pizzería en Miraflores con una banda de delincuentes. En 2013 reincidió en delitos y fue condenado a 4 años de prisión por colusión y falsificación de documentos.
Con esos oscuros antecedentes, el simple sentido común recomienda tomar con pinzas lo que digan estos dos personajes. Sus declaraciones sí deben tomarse en cuenta, pero precisan de una minuciosa y estricta corroboración para ser aceptadas como testimonios válidos. Las autoridades fiscales y judiciales deben actuar con mucha ponderación. Porque lo que digo y escribo siempre lo firmo.
