En política, como en cualquier otra disciplina, hay que saber ganar o perder. Si es ganar con humildad, y si es perder, con resignación, siendo la piconería muy mala consejera y peor aún cuando se llama a marchas, manifestaciones y otros actos de protesta que pueden llevar hasta la violencia personal y destrucción de bienes públicos como privados.
En el caso al que obviamente se refiere esta columna de opinión, la insólita protesta va acompañada con denuncia constitucional al canciller de la República, embajador Carlos Pareja, cuyo desempeño público y privado siempre ha sido correcto y ejemplar y que además ha tenido el patriotismo de asumir la cartera de Relaciones Exteriores en momentos difíciles y por breve tiempo, ya estando en el retiro de su actividad diplomática.
También, pese a que el Jurado Nacional de Elecciones ya se pronunció en segunda y última instancia sobre las impugnaciones a diversas actas de escrutinio electoral que provienen del exterior, ahora los reclamantes pretenden nuevos cuestionamientos ante el JNE, ya no de parte de tales actas sino de la totalidad, lo que en el fondo constituye una afrenta a los compatriotas que votan en el extranjero, como si fuesen ciudadanos de segunda, cuando son iguales en derechos y obligaciones a los que nos encontramos en suelo patrio.
Los reclamantes aducen que tienen ya el derecho a defenderse, pero no deben olvidar que la defensas es dentro del debido proceso y el JNE ya se pronunció en decisión final e inmodificable. Peor aún, aducen que su pedido es para que el JNE anule “de oficio” los resultados de las elecciones en el exterior, lo que es de suyo un contrasentido, pues de ser de oficio no necesita del pedido de terceros ya que es acto propio y en este caso un imposible fáctico y jurídico.
Todos conocemos que las pretensiones procesales a que se recurre simplemente para demorar son conocidas en el argot legal como “tinterilladas”.
Se escuchan también voces desde el ala siniestra de que cuestionarán la decisión del JNE en vía jurisdiccional, lo que es transgredir olímpicamente el artículo 142 de nuestra Constitución, el que determina “No son revisables en sede judicial las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral” entre otros candados legales, y ello con mucho sentido, pues la fecha para el cambio de gobierno es inamovible y los procesos judiciales son lamentablemente lentos, mejor dicho lentísimos y, previamente a la juramentación del nuevo o nueva presidenta de la República, se requiere de los trámites de transferencia de los despachos ministeriales, así como también la verificación situacional de los asuntos del Estado que se encuentran en trámite o procesos.
Ya es hora de que los perdedores entiendan su situación, dejen las pataletas y si es que no pueden controlar sus nervios, pues tomen algún calmante que los tranquilice y dejen de perturbar el proceso electoral, cuya primera vuelta nos ha dejado tantos sinsabores, para ser menos duros en nuestras expresiones.
Ahora todos debemos hacer lo debido para que el gobierno que asuma funciones el 28 de julio lo haga en paz y sosiego, y todos pongamos nuestro grano de arena para que así sea, deseándole éxito que compartirá todo el país.
(*) Expresidente del Consejo de Ministros
