“Azuzadores culpables de muertes en protesta”

Según Flores-Aráoz, con total ineficiencia y sin criterio, la Fiscalía de la Nación abrió investigación al expresidente Manuel Merino, a él como entonces premier y al exministro Gastón Rodríguez.

En estos días, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso procesa la acusación constitucional formulada por la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, contra quien fuera presidente del Congreso y que asumió la Presidencia de la República, Manuel Merino de Lama; contra el expremier Ántero Flores-Aráoz; y contra su ministro del Interior, general Gastón Rodríguez Limo, por las luctuosas marchas de noviembre del 2020. En la siguiente entrevista, Flores-Aráoz explica los hechos.

Díganos qué tiene que ver el Congreso en un asunto de contenido penal, que se supone debería tramitarse ante el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Porque para los altísimos funcionarios del país, a quienes se les sindica como transgresores de la ley penal en el ejercicio de sus funciones, previamente se requiere la autorización del Congreso para que se pueda tramitar ante el Poder Judicial la denuncia correspondiente.

Quiere decir que el Congreso es un filtro.

Por mandato de la Constitución lo es, y ello para evitar que se perjudique a altos funcionarios del Estado con falsas o acusaciones jaladas de los pelos como en el presente caso.

¿Qué ha investigado el Ministerio Público?

Su deber era investigar los hechos de sangre acontecidos en las marchas de protesta de noviembre del 2020 y dar con los culpables para su procesamiento judicial. Sin embargo, con total ineficiencia y sin criterio, abrió la investigación señalando al presidente Merino, a mí como primer ministro y al ministro del Interior de aquel entonces, por haber ordenado los hechos de sangre y, en consecuencia, ser responsables. Como no encontraron la responsabilidad por acción, se les ocurrió la peregrina idea de acusarnos por omisión, esto es, no haber impedido los hechos de sangre, como si nosotros tuviésemos la varita mágica para evitarlos.

¿Y qué se ha acreditado con la investigación de la Fiscalía?

Lo cierto es que no han encontrado nada que justifique la denuncia contra nosotros, como tampoco contra los policías, pues quienes generaron el vandalismo, destrucción y hechos de sangre en las protestas, fueron sus instigadores y quienes azuzaron a manifestantes de buena fe, al igual que los infiltrados.

¿Hay pruebas de lo que Ud. dice?

Basta revisar las fotografías publicadas en medios escritos y las imágenes de la televisión, en donde se puede ver a varios políticos, como se dice echando leña al fuego con sus actitudes y expresiones.

¿Qué se observó en las cámaras de videovigilancia de la Municipalidad de Lima?

Extraño, muy extraño, pero las autoridades municipales actuantes en dichos días dijeron que las cámaras de videovigilancia, justo de los lugares donde hubo enfrentamiento de infiltrados con la Policía, no estaban funcionando. Dudoso todo ello, y podría ser que se estuviese protegiendo a instigadores de los hechos de sangre.

¿A la Policía también se le investiga?

También se les investiga, pero con olvido de que la Policía actuó en cumplimiento de su obligación constitucional de recuperar el orden público, que sus planes operativos fueron hechos respetando la normatividad legal y, lo peor, cerrando los ojos a disposiciones legales que protegen el buen actuar policial como es el artículo 20 del Código Penal y la Ley 31012 que con valentía y buen criterio había promulgado Manuel Merino.

Pero si las autoridades políticas no fueron responsables y tampoco la Policía, ¿quiénes fueron los responsables?

Evidentemente los instigadores políticos identificados en las grabaciones de la prensa y los delincuentes infiltrados en las marchas que querían violencia, desorden y clamaban como decían por “muertitos” para generar el tole tole que aún no termina. Si bien los concurrentes a las marchas lo fueron de buena fe, no se puede olvidar que había situación de emergencia nacional, con suspensión de varios derechos constitucionales como la libertad de reunión, pero se reunieron y también incumplieron las normas de la emergencia sanitaria que obligaba distanciamiento social y uso de mascarillas.

¿Hubo intervención de otras autoridades?

Estuvieron representantes de la Defensoría del Pueblo para evitar en lo posible situaciones de beligerancia y también la Fiscalía de Prevención del Delito, que no previó nada y que debió advertir a los promotores de las marchas y a los manifestantes cumplir con la norma que dispuso el Estado de Emergencia. Hay, pues, también responsabilidad del Ministerio Público.

“CONGRESO NO DEBE APOYAR DENUNCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO”

Ántero Flores-Aráoz dice esperar que el Congreso no apoye la denuncia del Ministerio Público, pues las autoridades políticas ni la policía tienen responsabilidad. “Lo que debió hacer la Fiscalía es ubicar a los delincuentes que lesionaron a manifestantes y policías, a los que utilizando armas hechizas con canicas y con perdigones metálico que la Policía no usa, así como ‘avellanas’ y pirotécnicos dieron muerte a dos jóvenes manifestantes e hirieron a bastantes personas, además de dañar patrulleros, motos policiales y diversos medios de protección de nuestra Policía”, indicó.