
El domingo 6 de junio, la mayoría de los peruanos no elegirá al candidato de su preferencia, al que hubiera querido de presidente de la República. Se trata de una elección atípica, pues el criterio que definirá la decisión no será el respaldo o la confianza por el que resulte ganador, sino que se regirá por el denominado “antivoto”.Es decir, el denominado “mal menor”, pero a una mayor escala.
Con los resultados de la primera vuelta, en la cual Pedro Castillo obtuvo 19.099% y Keiko Fujimori 13.368%, la mayoría de los cerca de 25 millones de electores peruanos dejaba claro que su preferencia no era por ninguno de los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta. Entre los dos, Perú Libre y Fuerza Popular, apenas bordearon el 32%, lo que significa que el 68% restante, disperso entre los otros 16 candidatos, no los prefirió a ellos.
Si Hernando de Soto no hubiera aparecido en escena, lo que logró producto del llamado “vientre de alquiler” -recordemos que ni se acordaba por qué partido postulaba-, a estas alturas en vez de Keiko Fujimori estuviera Rafael López Aliaga, quien tiene mínimos índices de “antivoto” y, en una eventual segunda vuelta frente a Castillo, sería el favorito de lejos. Así de injusto es este proceso eleccionario diseñado por el JNE, que permite la participación de un excesivo número de candidatos, provocando la atomización de opciones electorales y la dispersión de los votos, un fenómeno perjudicial en el sistema democrático.
Dos de las funciones del JNE son presentar al Congreso de la República proyectos de ley en materia electoral y reglamentar los procedimientos propios de sus funciones. Por ello, es responsabilidad de este organismo electoral prever complicadas y peligrosas situaciones como el actual, en la que el presidente que salga electo tendrá mínima representatividad y el Congreso estará tan atomizado, con 10 bancadas y un Gobierno sin mayoría parlamentaria, que será difícil que haya consensos en materia legislativa para aprobar las leyes que echen adelante al país en un momento en el que el Perú necesita más que nunca de la participación leal, responsable y eficiente de todos los poderes del Estado para salir de la grave crisis. Porque lo que digo y escribo siempre lo firmo.