Parecería que hay algunos males fuertemente contagiosos y, no me estoy refiriendo de modo alguno a los contagios por la pandemia del COVID 19 y de sus diversas mutaciones; me refiero a las deficiencias ópticas en la Fiscalía de la Nación, que actúa con diversas varas, según se trate de amigos o allegados, respecto a los que no lo son.
Para no estar en el juego del “adivinen” ni tampoco en el de la “charada”, recordemos que por los lamentables sucesos de noviembre del 2020, ocurridos durante el legal y legítimo breve gobierno de Manuel Merino, la Fiscal de la Nación abrió instrucción y luego formuló denuncia constitucional contra el expresidente y dos de sus ministros. Sin embargo, por deplorables similares sucesos entre el 1 y el 3 de diciembre y entre el 20 y el 30 de diciembre del 2020, bajo el gobierno transitorio, también legal y legítimo de Francisco Sagasti, allí hubo diferente racero y la Fiscal de la Nación, no sé si por algún mal óptico o quizás una paralización repentina, miró para otro lado y se cruzó de brazos.
No es que el autor de esta columna quiera que se denuncie al expresidente Sagasti y a sus ministros por los enfrentamientos con la Policía de manifestantes agrarios en el norte y sur del país, sino por la falta de igualdad en el trato, ya que los altos funcionarios de nuestra patria, no deberían ser denunciados por hechos que están fuera de su decisión.
Bueno pues, el actual Gobierno ha sufrido contagio de la Fiscalía de la Nación. Acaba de dictar un Decreto de Urgencia mediante el cual ordena un socorro económico a los deudos de los fallecidos en los enfrentamientos de diciembre del 2020, al igual que para los heridos de gravedad tanto de los sucesos de noviembre como de diciembre del mismo año. Decimos contagio porque con su acción aprueba un doble trato, esto es para los civiles lesionados hay socorro económico, pero para los policías lesionados en las mismas circunstancias, pues injusto olvido.
Acaso son menos graves las lesiones de los policías respecto a las de algunos manifestantes, acaso no han tenido que ser curados los policías, acaso no tuvieron que estar convalecientes y sin laborar, son preguntas que legítimamente tenemos que hacer y a la vez contestar que tienen tanta o mayor gravedad, pues mientras los manifestantes ejercían su protesta por propia voluntad y mal que bien contribuyeron con los resultados penosos de su acción, los policías tuvieron que actuar en cumplimiento de su deber constitucional de mantener o de restablecer el orden público.
Ni siquiera se ha establecido si hubo responsabilidad policial, ni tampoco exceso en uso de la fuerza y ya el Estado indemniza, con olvido también que quienes en alguna medida generan el peligro, reducen la responsabilidad de los otros, si la hubiera. Decimos indemnización, porque por más que el Decreto de Urgencia diga lo contrario, las cosas no son por el nombre que se les da, sino por su naturaleza.
Va nuestra protesta por el doblez en el trato.
(*) Excongresista de la República
(*) Expresidente del Consejo de Ministros
(*) La empresa no se responsabiliza por los artículos firmados.
