Desde este espacio quiero felicitar la gran decisión del Congreso de no aprobar el proyecto de ley formulado por el Ejecutivo para convocar a una Asamblea Constituyente. Ha sido una buena decisión porque lo que buscan es perennizarse en el poder como ocurre en países cercanos como Cuba, Nicaragua o Venezuela.
Lo más grave es que, de acuerdo a lo que viene sucediendo con un exabogado de Vladimir Cerrón y de los Dinámicos del Centro como los encargados de controlar el llamamiento de los jueces y fiscales, es un punto bastante preocupante. Sin eso ocurre en la actualidad, qué podría pasar si Cerrón y Castillo obtienen todo el poder y consiguen manejar las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales y, lo que es más grave, la administración de justicia. Según ellos va a ser el “pueblo” (así entre comillas) el que elija a los nuevos jueces y a los nuevos fiscales.
En mi condición de abogado especialista en esta materia, digo que desde el punto de vista procesal que lo podría venirse: los que han sido condenados por corrupción o terrorismo plantearán una revisión de sus casos y como los nuevos jueces no tendrían nada de experiencia, poca capacidad intelectual y sin meritocracia, todo se irá al tacho de basura. Entonces estos nuevos jueces van a opinar para que se absuelvan a quienes ya han sido condenados por delito de corrupción o terrorismo y lo mismo pasará con aquellas personas que están siendo investigadas.
El señor Cerrón no descarta actos violentistas para conseguir su objetivo de convocar a una Asamblea Constituyente, pero el plan B del que habla es cerrar el Congreso, convocar a esta asamblea según él porque “el pueblo lo pide”.
Por otro lado, yo sí considero que la actual Constitución amerita algunos cambios, por ejemplo, en el artículo 100 porque no se puede concebir que sea el Congreso el que decida a quién se procesa y a quién se enjuicia, eso no estaba en la Constitución de 1979. Se le ha otorgado mucha autoridad al Congreso sin tomar en cuenta la autonomía del Poder Judicial o del Ministerio Público. También hay que hacer cambios en los artículos del plan económico y de la distribución de la riqueza. Pero esos cambios en la Constitución los tienen que hacer los especialistas y no los políticos que nos han llevado a la situación en la que nos encontramos por falta de preparación.
(*) Ex decano del Colegio de Abogados de Lima
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