La empresa es un motor esencial en la economía de cualquier nación, generador de productividad, de empleo y de importantes ingresos a la caja fiscal; importa una ficción legal, cuya dinámica y operatividad es asumida por las personas naturales que asumen formalmente sus órganos de representación.
Conforme al derecho penal peruano, la persona jurídica no es sujeto de imputación jurídico-penal, en tanto y en cuanto el imputado solo puede ser una persona portadora de acción y culpabilidad, conceptos de ciertas estructuras ontológicas naturalistas que no pueden ser cubiertas por construcciones normativas de alto grado de abstracción como son las corporaciones.
La empresa, sin duda, es empleada o instrumentalizada, para la comisión de diversos ilícitos penales que generan una enorme rentabilidad económica (efectos y ganancias), por lo cual un modelo político-criminal preventivo e integrador a su vez da lugar a las consecuencias jurídicas del delito, que puede llevar en su extremo más grave a la disolución o extinción de la empresa, las cuales pueden tener como medidas cautelares contra las personas jurídicas, por ejemplo, la suspensión de seguir contratando con el Estado, de aplicación en los delitos contra la administración pública.
La trazabilidad del patrimonio criminal, si bien en principio puede identificarse a través de las personas físicas («naturales») involucradas en la comisión del hecho punible, sin embargo, cuando no tenemos identificados a los agentes del delito y nos encontramos ante una criminalidad, no queda más que hacer uso de una investigación patrimonial a partir de una actividad típicamente empresarial, con base en sus movimientos económico-financieros, que se registran en la Sunat, la Suparp, la SBS y la inteligencia financiera que provee la UIF.
“Entre 2015 y 2025, la UIF-Perú registró más de 170 553 reportes de operaciones sospechosas (ROS)”.
En este marco de política criminal integradora, de potenciar sus efectos preventivos, se requiere levantar el velo societario a fin de poder develar a sus verdaderos beneficiarios finales y con ello generar las investigaciones penales sobre sus perpetradores, así como las patrimoniales, que pueden darse tanto en esta última vía como en sede de extinción de dominio.
Según datos oficiales, entre 2015 y 2025, la UIF-Perú acumuló más de 170 553 reportes de operaciones sospechosas (ROS) enviados por el sistema financiero y sujetos obligados, y la minería ilegal concentró el 63 % del volumen de estas operaciones.
Vemos que las economías ilegales, muy vinculadas a la minería ilegal (teniendo como antecedente el tráfico ilícito de drogas) con su escenario de lavado de activos, marcan una línea de las autoridades estatales competentes, cuya eficacia reclama una investigación de orden patrimonial-financiero, sobre todo cuando se trata de actividades criminales que se cometen a través de las estructuras formales de las empresas.
En consecuencia, si en puridad se quiere combatir el patrimonio criminal, se requiere reforzar tanto el decomiso penal como la extinción de dominio en una vía de integración, constituyendo ambas herramientas de política criminal. La extinción de dominio debe activarse en todos aquellos supuestos a los que no puede llegar el decomiso penal, muy ligado a la responsabilidad penal de los agentes, en una línea general de recuperación de activos.
Finalmente, reafirmo mi compromiso de seguir generando una línea de discusión para fortalecer el sistema de justicia y la política criminal estatal, dejando de lado discusiones estériles de quienes, al estar incapacitados para proponer fundamentos programáticos de orden teórico (dogmático), distraen a la opinión pública con relatos vacíos de contenido.
*Fiscal superior y coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas de Extinción de Dominio. Doctor en Derecho, Magíster en Ciencias Penales por la UNMSM. Docente universitario.
