Gran preocupación existe en el país por la creciente conflictividad social, protestas de todo tipo, toma de carreteras, interrupción al tráfico de vehículos, personas y bienes. También por el incendio de campamentos mineros, destrucción de valiosa maquinaria, agresividad contra las personas que desean desplazarse y, por cierto, desorden y caos generalizado.
En la otra orilla observamos a un Estado, que lejos de cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales, se torna permisivo, no hace nada o por lo menos no lo suficiente para resolver la conflictividad social ni para mantener el orden público, como tampoco recuperarlo cuando el mismo es afectado.
El país es testigo de que todo se quiere resolver con mesas de diálogo, pero si ellas se interrumpen o si no hay facilitadores profesionales que encaucen las conversaciones entre quienes protestan, las empresas y el propio Estado, poco o nada se avanzará. Lo que es muchísimo peor, es que desde el Estado se dan señales equívocas, como el haberse afirmado que se cerrarán las operaciones de cuatro explotaciones mineras en conflicto, ubicadas en Ayacucho.
Como vemos, lejos de facilitar las cosas, desde el Estado y específicamente desde la Presidencia del Consejo de Ministros, ellas se dificultan, con anuncios que generan expectativas irrealizables y además atentatorias contra el Estado de Derecho.
Lo expuesto lamentablemente no es todo, hay mucho peor, como es en la práctica tener virtualmente enmarrocada a la Policía Nacional, pues se le da órdenes de estar desarmada, desguarnecida y sin protección, en su tarea de restablecer el orden público. Con la Policía en tal situación, difícil que quienes protestan hagan caso, más claro aún, nadie le hará caso, pues si la acción policial no es disuasiva habrá mucha más violencia y muchísima más conflictividad.
Precisemos, la toma de carreteras, la interrupción de las vías de comunicación, el impedimento al tránsito, los daños a instalaciones productivas y las amenazas contra los operadores de actividades empresariales, son delitos, no son faltas ni pecadillos veniales y como delitos que son, sus actores deberían ser procesados y antes detenidos pues actúan en flagrancia.
Se dice desde las altas esferas gubernamentales que la protesta es un derecho. Pues bien, que duda cabe, pero no es menos cierto que las protestas, al igual que las manifestaciones y marchas, tienen que hacerse pacíficamente y sin armas, pero cuando tal presupuesto se incumple, la Policía no puede quedar inerme, pero se le ordena que lo esté, lo que es francamente bochornoso.
Muchísimo peor que lo dicho, cuando los policías actúan en cumplimiento de sus obligaciones, encima se les procesa, se les investiga por años, se les somete a acusaciones administrativas y judiciales, deben estar atendiendo sus enjuiciamientos interminables. Así las cosas, que van a querer cumplir con su deber y, cuando hay situaciones como las expuestas, no les queda otra actitud que mirar por encima del hombro, esto es no ver nada.
Cierto es el dicho “en caja abierta, el justo peca” y si el Estado no hace lo debido para resolver la conflictividad social, ella irá en aumento.
(*) Excongresista de la República
(*) Expresidente del Consejo de Ministros
(*) La empresa no se responsabiliza por los artículos firmados.
