En nuestra democracia existe un problema crónico: la creciente desconfianza en las instituciones electorales. Cada elección debería servir para recuperar la confianza ciudadana, pero ocurre lo contrario, pues las dudas y sospechas se instalan antes que las propuestas de los candidatos.
A pocos días de las Elecciones Regionales y Municipales, surge un caso preocupante que involucra relaciones empresariales, influencia mediática y logística electoral, con un nombre central: Justo Carbajal Aguirre. La empresa AFE Operador Logístico, de propiedad de Carbajal, se encarga del traslado y manejo de los materiales electorales de la ONPE. Esto resulta de suma importancia debido a que Carbajal es socio desde hace más de una década de Carlos Bruce Montes de Oca, candidato a la alcaldía de Lima.
Su vínculo empresarial es público y comprobable: ambos fueron socios en el restaurante La Trastienda, ubicado en la Costa Verde. Este negocio arrastra cuestionamientos desde sus inicios. En diciembre de 2016, el semanario Hildebrandt en sus trece reveló, bajo el título “Fea Trastienda de Bruce”, que el entonces congresista inauguró el restaurante sin licencia de funcionamiento, autorización de la Costa Verde ni certificación de Defensa Civil. La Municipalidad de Lima confirmó la falta de tramitación del permiso. Asimismo, en la inauguración se generó un escándalo cuando Bruce solicitó seguridad policial para el local valiéndose de su cargo parlamentario.
Ante este panorama cabe preguntarse si es razonable que una persona vinculada empresarialmente a un candidato participe en la logística del proceso electoral, considerando que ese fue justamente un punto débil en comicios anteriores. Aunque la relación no implica automáticamente una manipulación, la sola existencia de una situación que genere dudas obliga a las autoridades a explicar qué controles, mecanismos de supervisión y protocolos de cadena de custodia aplican.
A esto se suma el factor mediático. Carbajal adquirió tiempo atrás la revista Caretas. Resulta llamativa la portada publicada a pocos días de los comicios, donde aparece Bruce comiendo un sándwich de chicharrón, en una clara alusión a “comerse” al candidato Rafael López Aliaga. Si bien todo medio tiene derecho a fijar su línea editorial, es legítimo cuestionar si dicha postura se ejerce con independencia o si responde a un interés de manipular al electorado.
La relación comercial adquiere así una dimensión más compleja: un mismo empresario mantiene negocios con un candidato, posee capacidad de influencia desde un medio de comunicación durante la campaña y es el responsable de la logística del material electoral. Además, en corrillos políticos se comenta que Carbajal sería el financista de la campaña de Bruce.
En materia electoral, tras los problemas del proceso anterior, no basta con ser imparcial; también es imprescindible parecerlo. No se puede exigir al ciudadano que mantenga una confianza ciega sin hacer preguntas. Asimismo, existen serios cuestionamientos, posibles investigaciones, denuncias o procesos judiciales sobre Carbajal que deben esclarecerse con fuentes y documentos verificables para determinar su relevancia en la contratación. Esto no implica condenar de antemano, lo cual sería injusto y jurídicamente incorrecto, pero tampoco se puede pedir a la ciudadanía que pase por alto estos antecedentes.
Por todo ello, la ONPE tiene la obligación de explicar detalladamente cómo se realizó la contratación de AFE Operador Logístico, quién supervisa la custodia y traslado de los materiales, y qué medidas adopta para evitar cualquier conflicto de intereses —real o percibido— entre la entidad y la dupla Bruce-Carbajal. La neutralidad del proceso debe examinarse públicamente y con total claridad.
(*) Analista político
