De la retórica multilateral a la doctrina de Estado: Seguridad nacional, gestión hídrica y capitalización del territorio

Lo que la presidenta Keiko Fujimori planteó en la 81ª AGNU, en Nueva York, no fue un discurso de estabilidad macroeconómica. Fue la enunciación de una doctrina soberanista en tres frentes: guerra asimétrica contra el terrorismo criminal trans nacional, comando único para el ciclo El Niño / Post Niño, y destrabe de los cuatro proyectos irrigadores como única política social masiva contra la extorsión. 

A los 60 días de asumir el mando, Keiko Fujimori entendió lo que sus antecesores (improvisados por el Congreso) jamás comprendieron: al Perú en el mundo no se le respeta por ser un alumno dócil, se le respeta por tener una doctrina. El Perú volvió a tener una. 

Su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas fue impecable en la forma e implacable en el fondo. No fue a pedir aplausos por la inflación controlada. Fue a poner sobre la mesa la única agenda que hoy importa en América Latina: el orden.

I. LA TESIS CENTRAL: 

LLAMAR TERRORISMO AL TERRORISMO

El acierto geopolítico del discurso fue semántico y jurídico. Al afirmar que el crimen organizado transnacional ha impuesto el terror en nuestras poblaciones, Fujimori rompió con la corrección política de la ONU. 

No es delincuencia común. Es terrorismo urbano. 

Cuando una organización cobra cupo a 60% de las bodegas de Lima Norte, cuando asesina a un colectivero por 50 soles, cuando controla un territorio con sicariato sistemático, no estamos ante un problema policial. Estamos ante una estructura que disputa el monopolio de la violencia al Estado. Y la legislación para combatirlo no es el Código Penal ordinario, es la legislación antiterrorista. 

Esta redefinición tiene consecuencias operativas inmediatas: habilita la geolocalización sin mandato judicial previo, la detención preliminar de 15 días, el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones, y el juzgamiento en salas especializadas. Es lo que Colombia no hizo y le costó un Estado fallido. Es lo que El Salvador sí hizo y le devolvió la gobernabilidad. 

Fujimori lo dijo en Nueva York para poder firmarlo en Lima. 

El segundo momento, el más fino políticamente, fue la defensa del principio de autoridad. Al recordar que el Perú venció al terrorismo hace 34 años pero que quienes asumieron esa misión siguen siendo juzgados con el debido proceso transgredido, lanzó dos mensajes en uno. Hacia afuera, a la Corte Interamericana y al sistema de tutela progresista: el Perú respeta el derecho internacional, pero exige que se respeten los límites de su jurisdicción soberana. Hacia adentro, a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional: el poder político vuelve a respaldarlos. Sin esa lealtad vertical, ninguna estrategia de seguridad es viable. Un policía que duda si será procesado por abatir a un extorsionador, no sale a patrullar.

II. EL PRIMER EXAMEN REAL: 

GOBERNAR EL AGUA O SER GOBERNADO POR ELLA 

Si la seguridad es la doctrina, el agua es el examen. Un gobierno puede sobrevivir a una mala reforma tributaria. No sobrevive a un Niño mal gestionado. 

El Gabinete que hoy acompaña a la presidenta debe entender una ecuación técnica que es también política: El Niño te destruye en tres meses, el Post Niño te mata de hambre en nueve. Y ambos te quiebran electoralmente en doce. 

El Perú no necesita otra Autoridad para la Reconstrucción. Necesita un Comando de Emergencia con chequera y con botas. 

Primero, la prevención inmediata. Los ríos Tumbes, Chira, Piura y La Leche deben ser descolmatados en los próximos 30 días. No con licitaciones de 8 meses porque para eso se declaró en emergencia y hacer buen uso de los recursos para que no se los lleve los huaicos o las billeteras de los burócratas, sino con maquinaria del Ejército de Ingeniería y convenios de administración directa. Existen más de 1,200 millones de soles presupuestados para defensas ribereñas que duermen en el MEF por temor a la Contraloría. Ese miedo es más caro que un huaico. Si se requiere un Decreto de Urgencia que declare la descolmatación como operación de seguridad nacional pues allí están las herramientas constitucionales. 

Segundo, el Post Niño, que es lo que nadie ve. Cuando el agua se va, viene lo peor: sequía en la sierra alta, centro y sur y con ello el dengue explosivo en la costa y quiebra agraria. Aquí se juega el legado histórico del fujimorismo bien entendido: infraestructura de captación. Un programa masivo de siembra y cosecha de agua con 10,000 qochas y microreservorios en las cuencas altas de Huancabamba, Ayabaca y Huarmaca, pozos subterráneos. Un seguro agrario catastrófico con subsidio del 70% del Estado. Y una compra estratégica anticipada de larvicida biológico BTI. El dengue no se combate fumigando cuando ya hay 100,000 infectados. Se combate impidiendo que el zancudo nazca en el agua estancada que dejará El Niño. 

Tercero, la economía familiar. Todo agricultor en zona declarada en emergencia debe tener reprogramación automática de su deuda o crédito cero en Agrobanco y Cajas Municipales, sin degradación de calificación crediticia. Si el agricultor de Tambogrande no siembra la campaña chica por estar en Infocorp, en febrero el limón costará 15 soles y la inflación alimentaria destruirá el discurso de orden. 

III. SEGURIDAD CIUDADANA: 

INTELIGENCIA FINANCIERA Y FLAGRANCIA REAL 

A 60 días, la evaluación en seguridad es clara: se ha recuperado el principio de autoridad en el discurso, falta recuperarlo en la calle. Es justo. Se heredó tierra arrasada: estados de emergencia sin inteligencia, una PNP desmoralizada y penetrada, y un Ministerio Público que libera al detenido a las 48 horas. 

El gobierno ha dado el paso correcto al cambiar la tipificación. Ahora debe dar tres pasos técnicos, sin romanticismo:

1. Cerrar el dinero, no solo capturar al sicario. Cada extorsión termina en una cuenta del sistema financiero o en una billetera digital. La Unidad de Inteligencia Financiera debe tener la potestad de levantar el secreto bancario en 24 horas para delitos de extorsión y sicariato, y ordenar el congelamiento y cierre de cuentas. Mientras el Estado no cierre 5,000 cuentas al mes, el delito seguirá siendo rentable. La guerra contra la extorsión se gana en el BCP, en Interbank y en Yape, no solo en la Dirincri.
2. Flagrancia real, no simbólica. Hoy la Policía captura, pero el fiscal provincial dice que faltan elementos y el juez lo suelta. Se necesita una unidad de flagrancia 24×7 integrada por un fiscal, un juez de investigación preparatoria y un defensor público en cada Depincri de Trujillo, Piura, Sullana, Lima Norte y San Juan de Lurigancho. Justicia en 72 horas, no en 3 años.
3. Un penal de máxima seguridad fuera del radio urbano. El Perú no necesita más penales en las ciudades que se convierten en call centers del crimen. Necesita un penal de alta seguridad en el desierto de Chavimochic, para 10,000 internos por extorsión y sicariato, sin señal de celular, sin visitas íntimas y con trabajo obligatorio. El mensaje debe ser nítido: quien cobra cupo, no vuelve a ver la calle.

La gente no quiere PowerPoints con cifras de homicidios. Quiere abrir su bodega sin pagar cupo. 

IV. EMPLEO Y MYPES: 

LOS CUATRO ELEFANTES BLANCOS QUE DEBEN DEJAR DE SER BLANCOS 

Aquí está el corazón de la doctrina. El Perú no necesita bonos. Necesita jornales. Y las MYPEs no necesitan charlas de formalización, necesitan clientes, seguridad y flujo de caja.

Para la MYPE extorsionada, la propuesta debe ser quirúrgica: un Régimen Tributario de Emergencia por Inseguridad que permita pagar 1% sobre ventas por tres años a toda MYPE que facture electrónicamente y denuncie formalmente la extorsión. Y una Ley de Pago a MYPEs en 7 días calendario por parte del Estado. Hoy el Estado es el peor pagador del país y el primer generador de quiebras de microempresas. 

Pero el gran golpe de empleo está en concluir lo inconcluso. Cuatro proyectos que juntos son un Ministerio de Trabajo: 

Chavimochic III: 63,000 hectáreas nuevas, 150,000 empleos directos. Paralizado por una adenda de 100 millones de dólares. Con mayoría parlamentaria, es una decisión política. No técnica. 

Majes-Siguas II: 38,500 hectáreas para Arequipa. El costo del arbitraje ya superó el costo de la obra. Destrabe vía fideicomiso con supervisor internacional. 

Chinecas: 20,000 hectáreas en Áncash viendo como 40 metros cúbicos por segundo se van al mar. Es inmoral que siga parado. 

Alto Piura: El reservorio de 300 millones de metros cúbicos que decide si Piura es agroexportación o es inundación y sequía eterna. 50,000 familias esperando. 

Concluidos, son 350,000 empleos directos, un millón y medio indirectos y 2,500 millones de dólares anuales en agroexportación. Es la única política social seria contra el sicariato: un joven con un jornal de 1,800 soles en un fundo de Chavimochic no necesita ser sicario por 50 soles. 

En Nueva York, Keiko Fujimori pasó del discurso a la doctrina. Ahora tiene una ventana de 90 días de legitimidad internacional. Después, no la juzgarán por lo que dijo ante la ONU, sino por tres hechos verificables: si el río Piura no se desbordó por falta de descolmatación, si una bodega en Huaral ya no paga cupo, y si Chavimochic finalmente bombeó agua. Del atril a la obra. Ahí empieza realmente su presidencia. 

(*) Exministro de Transporte y Comunicaciones y presidente del partido político Democracia y Libertad.