A los políticos no les conviene combatir la crisis de inseguridad

Esta “percepción”, palabra de moda cuando se niega una realidad evidente, surge porque somos testigos de la inacción de congresistas, diputados, senadores, funcionarios y autoridades del Ejecutivo frente a hechos que deberían ser denunciados e investigados. De hecho, en marzo de este año, solo el fFiscal de la Nación dispuso que se denunciara e investigara la infiltración de altos mandos policiales en bandas criminales.

El fiscal provincial designado archivó la denuncia, incurriendo en el delito de desobediencia a la autoridad. El fiscal superior de Lima Norte dispuso que el fiscal provincial investigue la infiltración policial en la banda criminal del “Monstruo”; este se ha inhibido. Tiene que citar a fiscales y jueces en dicha investigación.

Lo real y concreto es que nadie quiere denunciar y menos investigar; los subalternos desobedecen órdenes de investigar.

Públicamente lo hicieron el exministro del Interior, Juan José Santiváñez Antúnez, y el actual defensor del Pueblo; omitieron hacerlo ante la Fiscalía. Y, al tomar conocimiento de esta denuncia, ningún fiscal inició investigación.

El 18 de mayo de 2024, Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, envió una foto en la oficina del coronel PNP Jorge Luis Carpio, jefe de Secuestros de la Dirincri, acompañado de Jesús Santos Victorio, quien acudió, por ser su amigo, para conocer los avances del secuestro de su sobrina política, empresaria. La foto fue remitida a los integrantes de su banda, jactándose de que tenía infiltrado a un policía en actividad en dicha dependencia.

Esto fue ratificado por otro policía en actividad, quien sostuvo que esta infiltración era conocida por el general PNP, jefe de la Dirincri, y por el jefe de Robos, coronel PNP. Esta grave denuncia fue conocida por dos fiscales provinciales, un fiscal superior, un juez de investigación preparatoria y seis jueces superiores de Lima Norte, cuando le negaron el cese de prisión preventiva, pese a reconocer que es inocente, empresario, con ocho inmuebles y nueve vehículos; pero no tiene arraigo laboral. Tiene dos años y cuatro meses preso.

No necesitamos leyes; que se aplique lo que existe. La organización o banda criminal que haga uso de artefactos explosivos, comete delito de terrorismo y las penas se suman. Más de 20 delitos no gozan de beneficios penitenciarios.

Las intervenciones en penales y los rastrillajes no se anuncian, se ejecutan, como lo hizo Alberto Fujimori. La Policía debe aplicar los artículos 205 y 209 del Código Penal sobre intervención y retención de sospechosos hasta por cuatro horas para identificación y documentación. De haberlo hecho, cuántas personas no hubieran sido asesinadas o extorsionadas.

(*) Exdecano del CAL