Hay una idea que aparece en distintas experiencias económicas: la riqueza de una nación debería terminar convirtiéndose en una vida mejor para sus ciudadanos. La experiencia de Libia durante la etapa de Gadafi es un ejemplo particular. Su enorme renta petrolera permitió financiar vivienda, educación, salud, infraestructura y subsidios, aunque dentro de un modelo autoritario y excesivamente dependiente del petróleo. La lección para el Perú no es copiar ese modelo, sino hacernos una pregunta: ¿cómo conseguimos que la riqueza que produce el país se traduzca en mayor bienestar para quien trabaja?
No basta con preguntarnos cuánto gana un peruano. Debemos preguntarnos cuánto puede comprar con lo que gana. Un salario mayor no significa necesariamente mayor bienestar si la vivienda, los alimentos, el transporte, la energía, la educación y la salud aumentan todavía más rápido.
Por eso, el objetivo debería ser que una persona que trabaja a tiempo completo pueda vivir dignamente con su ingreso. El salario mínimo debería aspirar progresivamente a cubrir una verdadera canasta de vida: alimentación, vivienda, agua, electricidad, salud, educación, transporte, vestimenta, comunicaciones, higiene y una capacidad mínima de ahorro o de respuesta ante una emergencia. Las metodologías internacionales sobre salario vital desarrolladas por Richard y Martha Anker parten precisamente de esta idea.
Pero esto no se consigue simplemente decretando salarios cada vez mayores. El salario sostenible depende de la productividad. Investigaciones del Banco Central de Reserva han advertido que, en una economía con elevada informalidad, aumentos del salario mínimo que no estén acompañados por mejoras de productividad pueden elevar los costos de las empresas y afectar el empleo formal.
Por eso debemos hacer dos cosas al mismo tiempo: aumentar la productividad y reducir el costo de vivir.
El Perú debería aspirar a convertirse en un país barato. No barato porque sus trabajadores ganen poco, sino porque producir, construir, transportar, invertir y vivir cueste menos. La experiencia de Estados Unidos durante la posguerra muestra cómo la producción masiva, la infraestructura, la energía, la innovación y los aumentos de productividad permitieron que millones de personas accedieran a bienes a costos cada vez menores.
Hoy podemos hacer algo similar con las herramientas del siglo XXI: inteligencia artificial, automatización, robótica, fibra óptica y nuevas fuentes de energía.
El primer gran desafío es la vivienda. Necesitamos más suelo disponible, permisos rápidos, infraestructura, financiamiento y seguridad jurídica para construir. No necesitamos que el Estado sea propietario de todas las viviendas; necesitamos que una familia pueda acceder a una vivienda propia.
También debemos reducir el costo del transporte. Carreteras, ferrocarriles de carga, trenes de cercanías, Metro, puertos, cabotaje y centros logísticos pueden reducir costos y aumentar la productividad. Un trabajador que pierde horas todos los días en el tráfico tiene, en la práctica, un menor ingreso disponible.
En el siglo XXI debemos añadir internet. Una conexión rápida y accesible es infraestructura básica para estudiar, trabajar, vender, comprar y aumentar la productividad. La OCDE ha señalado que las brechas de infraestructura, conectividad, regulación y productividad siguen siendo obstáculos importantes para el crecimiento peruano.
Un Perú próspero debería permitir que una persona pueda trabajar, pagar una vivienda digna, alimentarse bien, movilizarse, tener servicios, acceder a salud y educación, conectarse a internet y todavía conservar algo para ahorrar o enfrentar una emergencia.
Ese debería ser nuestro gran objetivo económico: que trabajar alcance para vivir, que ahorrar permita progresar y que la riqueza de nuestros recursos naturales se convierta en patrimonio para las siguientes generaciones.
(*) Abogado, Ph. D (c)
