Cuando la experiencia pesa más que la ideología: meritocracia en Colombia y una reforma pendiente en Perú

Me enteré de la designación de los generales Alejandro Barrera y Norberto Mujica como director y subdirector de la Policía Nacional de Colombia a través del escrito del general (r) Juan Carlos Buitrago. Un texto claro, directo y sin concesiones. Luego confirmé la información y me permito pronunciarme. Con Buitrago nos une el haber pasado ambos, en distintos años, por el FBI National Academy. Esa formación común genera una mirada coincidente sobre lo que significa profesionalismo, ética institucional y lucha seria contra el terrorismo y el crimen organizado.

En su columna, Buitrago reconoce algo importante: aunque por principio no comparte el reintegro de generales de la reserva porque puede politizar la institución, admite que hoy la Policía colombiana lo necesita con urgencia. Y agrega que la calidad comprobada de estos oficiales justifica quebrar la regla administrativa por el bien del país.

Coincido plenamente. Conozco personalmente a Barrera y a Mujica. Hemos compartido operaciones contrasubversivas en el marco de la Resolución 1373 de la ONU. Ambos han participado en algunas de las operaciones más importantes de Colombia contra el terrorismo y el narcotráfico, entre ellas las que culminaron con la muerte de los dirigentes de las FARC-EP alias “Raúl Reyes”, “Mono Jojoy” y “Alfonso Cano”, así como la captura de alias “Otoniel”, máximo cabecilla del Clan del Golfo. No hablo desde la distancia: hablo desde el terreno y desde resultados concretos.

Salieron de la institución con la llegada de Gustavo Petro, en diciembre de 2022. No por falta de capacidad ni por resultados mediocres, sino por una lógica que privilegió la afinidad ideológica sobre la trayectoria. Esa decisión debilitó a la Policía y envió un mensaje peligroso.

Hoy el presidente Abelardo de la Espriella hace exactamente lo contrario. Prioriza calidad, experiencia y resultados. Reintegra a dos oficiales de primera línea porque Colombia los necesita. Esa es la diferencia entre un gobierno que usa la Policía como instrumento político y uno que la entiende como institución de Estado. Y aquí una reflexión para el Perú.

En la Policía Nacional del Perú, cuando un miembro del personal PNP (oficiales y subalternos) pasa a la situación de retiro —por límite de edad, por voluntad propia o por otras causales previstas en la ley—, se le denomina simplemente “retirado”. Esa denominación es injusta. No distingue entre quien se va con honores y experiencia acumulada, y aquel que es separado por medida judicial o por faltas graves.

Sería un acto de justicia institucional y de inteligencia estratégica llamar “Reserva de la PNP” al personal que cesa en el servicio activo por las causales ordinarias de la carrera. Y reservar el término “retiro” exclusivamente para quienes son separados por decisiones judiciales o por faltas graves que afectan la dignidad del uniforme.

No es un cambio cosmético. Es reconocer que la experiencia de los buenos policías no debe desecharse. Que, cuando el país lo requiera, puedan ser llamados a apoyar en labores de asesoría, inteligencia o capacitación. Exactamente como Colombia está haciendo ahora.

La seguridad no se improvisa. Se construye con memoria, con talento y con la voluntad política de poner a las personas correctas en los puestos correctos.

*Exdirector de la DIRCOTE y la DINI