Desde hace demasiado tiempo, políticos, intelectuales, periodistas o “expertos” continúan cometiendo el mismo error cómodo: creer que el crimen organizado, la extorsión o el sicariato constituyen simplemente delincuencia en mayor escala; es decir, sólo más hombres, más armas, más violencia; y como respuesta: sólo más policías protegidos por soldados, más patrulleros, más cárceles, más tecnología y, sobre todo… más dinero. Frente a ello, resulta obligado mirar el problema desde otro lado.
El crimen debe entenderse prioritariamente por los espacios de poder que progresivamente viene ocupando.
Hoy, una organización de crimen organizado transnacional no busca escapar ni enfrentarse al Estado; le resulta más eficiente y rentable convivir con él, penetrarlo y, cuando puede, utilizarlo. Corrompe funcionarios, financia campañas políticas, incorpora actividades económicas legales a sus circuitos financieros, controla territorios y construye relaciones de dependencia con sectores de la población; así, el criminal deja de ser únicamente quien transgrede la ley y el orden, y empieza a convertirse en un actor capaz de condicionarlo.
Esa mutación explica por qué la extorsión es mucho más grave que el cobro ilegal que aparece en una denuncia policial, o que el asesinato diario por sicarios sea simplemente un tema de “asesinos a sueldo”. Si una organización decide quién puede trabajar, cuánto debe pagar para hacerlo y qué ocurre con quien se resiste, está imponiendo reglas sobre un territorio que reemplazan de inmediato a la ley, a los jueces, fiscales y a la policía. Cuando esta situación se desborda sin cesar, y las nuevas reglas son más eficientes que el mismo Estado, resulta “absurdo” seguir hablando de “seguridad ciudadana”.
Estas organizaciones han desarrollado estructuras flexibles, capaces de reproducirse mediante células, alianzas y verdaderas “franquicias” criminales; no necesitan construir una burocracia centralizada para expandirse, crecen conectando capacidades locales con redes mayores, nacionales o transnacionales; por eso, detener “presuntos delincuentes” o “cabecillas” sirve sólo para fotos y titulares.
El problema es también económico. El dinero criminal necesita empresas, mercados, intermediarios y lavado de activos; y finalmente necesita algo todavía más valioso: protección. Y es allí donde el crimen encuentra a la corrupción y donde la corrupción deja de ser únicamente un acto individual para convertirse en una vulnerabilidad de la Seguridad Nacional. Así, si seguimos contando detenidos, operativos y armas incautadas, sólo estaremos administrando consecuencias y alimentando criminales.
Existe la solución, sólo hace falta el mínimo de sentido común y el mismo valor y coraje con que se enfrentó al terrorismo en los 90, y que aún no parece resurgir, porque un Estado puede recuperar una calle tomada por delincuentes, pero resulta mucho más difícil recuperar un Estado que viene siendo doblegado por criminales… que aprenden a gobernar.
(*) Exdirector Nacional de Inteligencia (DINI)
