El Perú necesita un nuevo pacto minero. Durante demasiado tiempo, el debate se ha reducido a una confrontación entre la gran y mediana minería, por un lado, y la pequeña minería y la minería artesanal, por el otro. Mientras unos defienden la seguridad jurídica de las concesiones y otros reclaman acceso al recurso minero, el verdadero ganador ha sido el crimen organizado, que ha encontrado en el desorden un terreno fértil para expandirse.
Es momento de dejar de enfrentar a quienes producen riqueza y empezar a construir reglas que permitan la convivencia de todos los actores que quieran trabajar dentro de la ley.
El primer principio de este nuevo pacto debe ser el respeto a la seguridad jurídica. La inversión minera requiere estabilidad, reglas claras y protección de los derechos adquiridos. Sin ello, ningún país puede atraer capital ni desarrollar proyectos de largo plazo.
Pero la seguridad jurídica también implica que los recursos minerales, que pertenecen a todos los peruanos, sean efectivamente aprovechados. No resulta razonable que extensas áreas permanezcan inactivas durante años mientras miles de pequeños productores buscan una oportunidad para trabajar formalmente. La nueva normativa debe incentivar que las concesiones no desarrolladas puedan incorporarse, mediante acuerdos voluntarios y con plena compensación para sus titulares, a esquemas de asociación, cesión temporal o contratos de explotación con pequeños productores formalizados.
El segundo principio debe ser una verdadera ruta hacia la formalización. El pequeño minero y el minero artesanal necesitan procedimientos simples, plazos razonables, asistencia técnica, acceso al financiamiento y tecnologías que les permitan cumplir con los estándares ambientales y laborales. La formalización debe ser una oportunidad, no un laberinto burocrático.
El tercer principio debe ser la protección del medio ambiente. Toda actividad minera, sin importar su tamaño, debe cumplir estándares ambientales exigentes, restaurar las áreas intervenidas, proteger las fuentes de agua y utilizar tecnologías que reduzcan el impacto sobre los ecosistemas. La sostenibilidad debe ser una obligación para todos.
El cuarto principio debe ser la trazabilidad total del mineral. El oro y los demás minerales deben poder seguirse desde su extracción hasta su comercialización y exportación. La transparencia en la cadena de producción permitirá combatir el lavado de activos, reducir el contrabando y mejorar el acceso a los mercados internacionales.
El quinto principio debe ser la lucha frontal contra la minería ilegal. El Estado debe diferenciar claramente al pequeño productor que desea formalizarse de las organizaciones criminales que utilizan la minería para financiar violencia, corrupción y otras actividades ilícitas. Contra estas últimas no debe haber tolerancia: inteligencia financiera, control de insumos, decomiso de bienes y sanciones ejemplares.
Finalmente, el nuevo pacto debe promover la cooperación entre la gran, mediana y pequeña minería. Lejos de verse como competidores, pueden convertirse en aliados mediante asociaciones productivas, transferencia de tecnología, asistencia técnica y desarrollo de cadenas de valor que beneficien a las comunidades donde operan.
El Perú posee una riqueza mineral extraordinaria. Lo que ha faltado no son recursos, sino reglas modernas que permitan aprovecharlos con responsabilidad. La nueva normativa minera debe abandonar la lógica de la confrontación y construir un modelo basado en seguridad jurídica, acceso ordenado al recurso, formalización, sostenibilidad ambiental y combate decidido al crimen organizado. Ese es el verdadero pacto minero que necesita el Perú: uno en el que todos los que respeten la ley tengan la oportunidad de producir, invertir y prosperar, y en el que quienes hagan de la minería un instrumento para el delito no tengan cabida.
(*) Abogado, Ph. D (c)
