Investigador RENACYT lanza reflexión sobre el caso Sunedu y analiza la eventual pérdida de autonomía institucional a manos del poder Ejecutivo.

Por Roberto Sánchez Reyes

Para el doctor Fernando Flores Limo, catedrático de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, la controversia generada por los recientes cambios en la conducción de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) trasciende el nombramiento o la remoción de determinados funcionarios. Lo que realmente se halla en discusión es el modelo de gobernanza de la educación superior peruana, la estabilidad de las instituciones públicas y el respeto al Estado Constitucional de Derecho.

Doctor Flores ¿Por qué el Ejecutivo a través de Minedu ha impuesto cambios en la Sunedu que afectan la autonomía institucional de una entidad supervisora de la calidad educativa en el nivel superior?
La universidad constituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de una nación. Ahí se forman profesionales que dirigirán el país y al Estado, impulsarán la economía, fortalecerán la democracia y producirán conocimiento científico indispensable para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Por ello, toda decisión que afecte la institucionalidad universitaria posee repercusiones nacionales y no puede evaluarse desde una perspectiva exclusivamente política.

¿Cómo nace la necesidad de crear la SUNEDU que a la postre marcó una reforma estructural del sistema universitario?

La creación de la SUNEDU mediante la Ley Universitaria N.º 30220 respondió a una profunda crisis del sistema universitario peruano. Durante años, el país experimentó un crecimiento desordenado de universidades sin adecuados estándares académicos, con deficiencias en infraestructura, investigación, planta docente y mecanismos de aseguramiento de la calidad.

¿Por qué cree usted que se quitó la Asamblea Nacional de Rectores que se caracterizaba por el compadrazgo y de manejar la educación superior bajo interés del poder económico?

El antiguo esquema de supervisión mostró limitaciones para garantizar estándares mínimos de calidad. Frente a esa realidad, el Estado optó por crear un organismo técnico especializado encargado del licenciamiento institucional y de supervisar el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad. No se trató simplemente de sustituir una institución por otra. La reforma significó un cambio de paradigma: pasar de un modelo predominantemente corporativo hacia uno basado en la regulación técnica y el interés público.

¿Pero la Sunedu se habría ganado enemigos por negar licenciamientos a centros de estudios que no hacían investigación científica y carecían de infraestructura apropiada?

Naturalmente, toda reforma estructural genera resistencias. Cuando se modifican mecanismos de control, formas de gobierno o distribución del poder institucional, emergen posiciones diversas entre universidades, autoridades, gremios, actores políticos y sectores de la sociedad. Ese fenómeno no es exclusivo del Perú; ha ocurrido en numerosos procesos de reforma universitaria alrededor del mundo.

Pero cuál es el verdadero debate ¿la independencia técnica o influencia política?. La discusión actual no debería centrarse únicamente en quién ocupa determinados cargos dentro de la SUNEDU. La cuestión esencial consiste en determinar si el organismo regulador conserva la independencia técnica necesaria para ejercer sus funciones sin interferencias políticas, económicas o corporativas.

¿La crisis generada en el ámbito de la educación superior donde se determina la certificación, donde muchos funcionarios de Gobierno han fraguado títulos grados, es muy propia de un país como el nuestro?
Los organismos reguladores cumplen una función constitucional de enorme importancia porque protegen bienes públicos fundamentales. En el caso de la educación superior, el bien jurídico protegido es la calidad educativa y, con ello, el derecho de miles de estudiantes a recibir una formación universitaria adecuada. Cuando las decisiones sobre organismos técnicos generan cuestionamientos respecto de su autonomía, corresponde fortalecer la transparencia, la motivación de los actos administrativos y los mecanismos de control institucional. La confianza pública depende de que las designaciones y remociones respondan a criterios objetivos y verificables, nunca a intereses coyunturales.
¿La imposición gubernamental a través del MINEDU pone en salmuera la Seguridad jurídica y estabilidad institucional en la SUNEDU?

Uno de los principios fundamentales del Estado de Derecho es la seguridad jurídica. Las instituciones públicas deben actuar con previsibilidad, respetando la Constitución, la ley y el debido procedimiento administrativo. Las modificaciones en órganos directivos deben observar estrictamente las competencias legales, las garantías procedimentales y los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

¿Pero la Sunedu ha ido al Poder Judicial y el propio Congreso de la República piensa interpelar a la ministra de educación?

Cuando existen controversias sobre la legalidad de un nombramiento, una remoción o una designación, corresponde que estas sean resueltas mediante los mecanismos previstos por el ordenamiento jurídico: control administrativo, control judicial y, cuando corresponda, control constitucional. Las instituciones no pueden quedar sujetas a permanentes cambios derivados de coyunturas políticas, pues ello debilita la confianza ciudadana, afecta la continuidad de las políticas públicas y genera incertidumbre para las universidades y sus estudiantes.

¿La autonomía universitaria y función reguladora como equilibrio constitucional, colisionan?
Con frecuencia se presenta una falsa dicotomía entre autonomía universitaria y supervisión estatal. La Constitución reconoce la autonomía universitaria en sus dimensiones académica, normativa, administrativa y económica. Sin embargo, esa autonomía no implica ausencia de control público. En un Estado Constitucional moderno, la autonomía debe coexistir con mecanismos de supervisión que aseguren el cumplimiento de estándares mínimos de calidad, la correcta utilización de recursos públicos y la protección del derecho a una educación superior de calidad. El verdadero desafío consiste en encontrar un equilibrio entre ambos principios: suficiente autonomía para preservar la libertad académica y suficiente supervisión para garantizar el interés general.

¿Aquí entra a tallar la responsabilidad de los actores políticos, que debe ocurrir para hallar la salida salomónica?
En una democracia constitucional, las políticas públicas de educación superior deben construirse sobre la base del consenso técnico y no de la confrontación ideológica. Resulta legítimo que existan posiciones distintas sobre el modelo institucional de la SUNEDU. Lo que no resulta conveniente es convertir la política universitaria en un espacio de disputa partidaria permanente. La universidad pertenece a la sociedad, no a un gobierno de turno, ni a un partido político, ni a determinados grupos de interés. Los cambios institucionales deben sustentarse en estudios técnicos, evidencia empírica, evaluación de impacto regulatorio y diálogo con la comunidad académica nacional e internacional.