En las últimas dos semanas hemos presenciado un guion que, desde la experiencia en inteligencia antiterrorista, resulta peligrosamente familiar. Roberto Sánchez y Juntos por el Perú insisten en una narrativa de “fraude electoral”, pese a que el propio JNE —máxima autoridad electoral— ha rechazado sus recursos de nulidad por falta de pruebas. Al mismo tiempo, su aliado político Antauro Humala advierte abiertamente que, si triunfa la derecha y no hay Asamblea Constituyente, “en el Perú se vienen matanzas”. Esto no es defensa de la democracia, sino preparación de terreno para una crisis de gobernabilidad.
Los hechos con fechas
El 7 de junio se realizó la segunda vuelta. Con el 99,4 % de actas escrutadas, Keiko Fujimori lidera por unos 40.000 votos, impulsada por el voto en el extranjero. El 16 de junio, Antauro Humala declaró en entrevista a AFP: “Si se impone la candidatura de la derecha y se persevera en la negativa de una Asamblea Constituyente, yo creo que en el Perú se vienen matanzas”.
El 18 de junio, Sánchez acusó a la Cancillería de manipular el voto exterior (cambio de normas, valijas diplomáticas, cadena de custodia rota) y anunció la recolección de firmas para interpelar al canciller Carlos Pareja. Convocó movilización para el día siguiente. El 19 de junio, tras la marcha, en un “balconazo” anunció un nuevo recurso pidiendo la nulidad de las elecciones y “jornadas de movilización históricas”.
El 19 y 20 de junio, en audiencia pública ante el Pleno del JNE, el abogado de Juntos por el Perú, Roy Mendoza, invocó como causal “el fraude que supone graves irregularidades”. Ante las preguntas de los magistrados, reconoció que no tenían pruebas físicas, que era una “hipótesis” que requería “mayores ele- mentos” y que lo único presentado fue un “padrón estadístico”. El JNE declaró infundados los recursos de nulidad de miles de mesas en Lima y Estados Unidos. A pesar de ello, Sánchez y su partido anunciaron más recursos y mantuvieron la presión en las calles.
La verdadera jugada:
No buscan revertir resultados con evidencias —las admitieron inexistentes en audiencia pública—. Buscan construir la narrativa de que “les bloquearon todas las puertas” (JNE, ONPE, Cancillería) para victimizarse ante su base y, especialmente, ante el “Perú profundo”, donde la información técnica llega filtrada y la emoción de “nos robaron el voto” cala más hondo.
Esta estrategia se potencia con dos elementos adicionales:
– El flanco radical: Antauro Humala no habla solo. Su mensaje de “matanzas” si no hay Asamblea Constituyente proporciona justificación ideológica para escalar la presión en las calles cuando las instancias legales se agoten.
– La plataforma congresal futura: Con nuevos congresistas de izquierda (o aliados), Juntos por el Perú y sectores afines tendrán herramientas legislativas (interpelaciones, denuncias constitucionales, obstrucción) para mantener el acoso institucional contra el próximo gobierno desde el primer día.
El objetivo de mediano plazo es claro: convertir una derrota electoral estrecha en una crisis de legitimidad prolongada que fuerce un “diálogo nacional” con Asamblea Constituyente como condición, o simplemente desgastar al Ejecutivo entrante mediante movilizaciones sostenidas y radicalización selectiva.
Lo que hacen hoy Juntos por el Perú y Roberto Sánchez, potenciado por el discurso de Antauro, no fortalece la democracia: la pone en riesgo. Las instituciones electorales peruanas han actuado correctamente al exigir pruebas concretas, no hipótesis. Insistir en un fraude imaginario mientras se convoca a las calles y se amenaza con “matanzas” es una receta peligrosa que ya conocemos por experiencia propia y por lo ocurrido en otros países del continente.
La gobernabilidad del país está en juego. Defender la democracia exige hechos, no victimización prefabricada para el caos.
(*) Exjefe de la DIRCOTE y exdirector de Inteligencia Nacional (DINI)
