Polémica por liberación de 11 investigados por presunta red de extorsión en Lima Norte
La decisión del juez Gerardo Oscco Gonzales de rechazar el pedido de prisión preventiva contra 11 presuntos integrantes de la organización criminal “Los Despiadados de Ancón II” ha generado cuestionamientos por parte de la Fiscalía y de los equipos de investigación policial. Los implicados son investigados por su presunta participación en una red dedicada a extorsionar a transportistas y colectiveros que operaban en distintos puntos de Lima Norte.
El caso se remonta a un operativo realizado el pasado 18 de abril por agentes de la Diviac y unidades especiales de la Policía Nacional, que permitió la captura de varios sospechosos, entre ellos Ángel Rosales Guzmán, conocido como “Negro Ángel”, identificado por las autoridades como uno de los principales operadores de la organización.
Según las investigaciones, la presunta red criminal habría estado liderada por Lucio Moreno Jaque, alias “Tío” o “El Uno”, quien actualmente cumple condena en un establecimiento penitenciario. Pese a ello, las autoridades sostienen que continuaba dirigiendo las actividades ilícitas relacionadas con el cobro de cupos a transportistas.
“Las investigaciones permitieron establecer una estructura dedicada al cobro sistemático de extorsiones a transportistas”, señalaron fuentes vinculadas al caso.
La Fiscalía de Crimen Organizado informó que durante casi tres años se recopilaron pruebas como interceptaciones telefónicas, seguimientos y otros elementos de convicción. De acuerdo con las pesquisas, la organización habría obtenido ganancias de entre cinco y seis millones de soles producto de estas actividades ilícitas.
Otro de los elementos considerados por los investigadores fue el hallazgo de declaraciones juradas de transportistas que negaban haber sido víctimas de extorsión. Estos documentos fueron encontrados en posesión de uno de los investigados y, según la Fiscalía, podrían haber sido obtenidos bajo presión para favorecer su defensa.
Pese a los argumentos presentados por el Ministerio Público, el magistrado resolvió que los investigados afronten el proceso en libertad, imponiéndoles restricciones como el impedimento de salida del país y la prohibición de acercarse a los paraderos involucrados en la investigación.
Consultado sobre su decisión, el juez evitó brindar mayores explicaciones. “¿Qué te puedo decir?”, respondió al ser abordado por un medio de comunicación, indicando que los fundamentos de su resolución se encuentran contenidos en el expediente judicial.
La Fiscalía ya presentó una apelación contra el fallo. Ahora será una instancia superior del Poder Judicial la que determine si confirma la resolución o dispone la prisión preventiva de los investigados mientras continúan las investigaciones.
