Después de las elecciones del 2021, el Perú no solo enfrentó una disputa política. Se habló de fraude. También se dijo que no lo hubo. Pero entre ambas posiciones faltó algo esencial: un análisis técnico, etapa por etapa, de la cadena del voto. Sin ese ejercicio, el debate se vuelve intuitivo y las soluciones tienden a apuntar a lugares equivocados. Una elección no es un acto único. Es una secuencia de procesos donde cada etapa puede ser un punto de fortaleza o de debilidad. Si alguien quisiera alterar la voluntad popular, no lo haría “en abstracto”, sino interviniendo en alguno de esos eslabones.
Por eso, más que discutir posiciones, conviene mapear el sistema. El proceso comienza con el padrón electoral. Aquí el riesgo está en la calidad de la base de datos. Si existen registros desactualizados o inconsistentes, se abre un espacio para distorsiones. La mejora en este punto no pasa por discursos, sino por depuración permanente, cruces automáticos de información y auditorías externas. Luego viene la instalación de mesas. En la práctica puede haber mesas con baja presencia de representantes de distintas fuerzas políticas. La solución es asegurar participación efectiva y verificable de actores diversos en cada mesa.
El momento de la votación no está exento de riesgos. La suplantación de identidad o la presión sobre el votante son fenómenos conocidos en distintos países. La mejora en este punto pasa por mecanismos de identificación más robustos y, eventualmente, por herramientas biométricas que reduzcan la discrecionalidad. El punto más delicado aparece en el conteo en mesa. Es aquí donde se traduce la voluntad del votante en un resultado concreto. El proceso es manual, depende de ciudadanos y puede tener errores en el llenado de actas o en la suma de votos. No se necesita una gran conspiración para generar distorsiones; basta con errores sistemáticos o con falta de supervisión efectiva.
Una forma de reducir este riesgo es introducir mecanismos de verificación adicional sin eliminar el componente físico. Aquí aparece una de las alternativas más discutidas a nivel internacional: el voto híbrido. En este modelo, el votante emite su decisión en una máquina, pero esta genera un comprobante físico que el propio ciudadano verifica antes de depositarlo. De esta manera se mantiene una evidencia tangible que puede ser auditada posteriormente, combinando eficiencia con trazabilidad.
Luego viene la transmisión de resultados. Este es uno de los puntos que más desconfianza genera, sobre todo en un contexto donde lo digital se percibe como manipulable. La mejora pasa por sistemas de doble verificación y por la publicación inmediata de actas digitalizadas para que puedan ser contrastadas. El cómputo final y la resolución de controversias cierran la cadena. Aquí el riesgo no es tanto operativo como institucional. El Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales cumplen un rol central, pero el desafío no es solo actuar correctamente, sino que ese actuar sea comprensible y verificable desde fuera.
El verdadero desafío no es demostrar que todo funciona bien ni asumir que todo está mal. Es identificar con precisión dónde podrían existir espacios de distorsión y cerrarlos con mecanismos concretos.
Porque al final, la integridad electoral no depende de la ausencia de sospechas, sino de la capacidad de cualquier ciudadano, con información suficiente, de seguir el recorrido de su voto y entender cómo se convierte en resultado. Ahí es donde se juega, en serio, la confianza.
(*) Abogado
