El proceso electoral del 2026 pasará a la historia como uno de los más caóticos de las últimas décadas. Lo que debió ser una jornada cívica ordenada y transparente terminó convertido en un escenario de improvisación, largas colas, mesas sin instalar, fallas tecnológicas y ciudadanos frustrados. El responsable directo de este fracaso es Piero Corvetto Salinas, jefe de la ONPE desde agosto de 2020.
La denuncia presentada por Rafael López Aliaga ante la Fiscalía de la Nación es contundente: acusa a Corvetto de omisión de funciones y solicita su detención inmediata. Los argumentos son claros: no hubo capacitación adecuada para miembros de mesa, el traslado de material electoral se realizó con demoras injustificables, la instalación de mesas se retrasó en múltiples distritos y colapsó el sistema tecnológico de apoyo al escrutinio. Todo ello generó un clima de incertidumbre y desconfianza en un proceso que debía garantizar la voluntad popular.
No hay excusas. La Ley de Presupuesto 2026 asignó S/1,470 millones para financiar el proceso electoral —se sumaron a los S/538 millones otorgados en 2025 para la preparación— y finalmente dispuso una transferencia adicional de más de S/702 millones en febrero pasado. El Ejecutivo aseguró los recursos necesarios para cubrir gastos operativos y logísticos, incluyendo capacitación, transporte de materiales y correcta instalación de locales de votación. Sin embargo, el resultado fue un fracaso estrepitoso.
Corvetto ya había sido cuestionado tras las elecciones del 2021 por presunto fraude, pero en mayo de 2024 logró ser ratificado tras presentar un recurso de reconsideración. Hoy, la Junta Nacional de Justicia, presidida por María Teresa Cabrera, ha anunciado que propondrá investigaciones disciplinarias y la revisión de su ratificación. La historia se repite: cuando no es corrupción, es mediocridad. O ambas.
El país no puede tolerar que quienes tienen la responsabilidad de garantizar la transparencia electoral actúen con negligencia. La democracia se sostiene en la confianza ciudadana, y esa confianza se erosiona cuando los organismos electorales fallan en lo más básico: asegurar que cada voto sea emitido y contado sin trabas ni sombras.
Este caos no fue producto de la casualidad ni de factores externos. Fue consecuencia directa de una gestión deficiente, de la falta de previsión y de la incapacidad de un funcionario que, pese a los cuestionamientos, se mantiene en el cargo. La denuncia contra Corvetto es la confirmación del hartazgo ciudadano frente a la impunidad y la ineficiencia. La democracia exige responsabilidad. Y cuando quienes deben garantizarla fallan, corresponde que rindan cuentas.
