
Cuando un profesional decide colegiarse, lo hace porque piensa que se integra a una institución que lo representará y que protegerá a la sociedad. Es decir, pasa a formar parte de una entidad que garantiza estándares, ética y calidad en el ejercicio profesional. Pero con el paso del tiempo surge una duda que muchos comentan en privado y pocos plantean en voz alta: ¿los colegios profesionales priorizan el interés público o terminan concentrándose en sus propios intereses?
Los colegios profesionales no fueron creados como clubes sociales ni como espacios de figuración política. Su principal función es ordenar el ejercicio de una profesión, vigilar la conducta ética y contribuir a que el conocimiento técnico esté al servicio del país. Cuando esa misión se cumple, el beneficio es colectivo. Cuando se pierde de vista, la institución corre el riesgo de volverse irrelevante.
He visto colegios que impulsan capacitaciones de calidad, que emiten opiniones técnicas valiosas y que participan en debates nacionales con altura. Pero también he observado casos donde la agenda interna pesa más que las necesidades del agremiado o de la ciudadanía. A veces se discute más sobre elecciones internas que sobre cómo mejorar el desempeño profesional o cómo responder a los desafíos del país.
Decirlo no es deslegitimar a los colegios profesionales. Al contrario, es reconocer que su rol es demasiado importante como para conformarse con lo mínimo. Una institución que agrupa a especialistas debería ser una voz autorizada en temas técnicos, un referente de integridad y un puente entre conocimiento y políticas públicas. También es justo mirar hacia nosotros mismos. Colegiarse no debería ser solo un trámite para habilitar una firma. Debería implicar actualización permanente, respeto por las normas y compromiso con la calidad del servicio que brindamos. Ninguna institución puede sostener prestigio si sus miembros no lo respaldan con su conducta diaria.
Creo que el debate de fondo no es si los colegios profesionales sirven o no, sino cómo pueden servir mejor. Su legitimidad no se decreta, se construye con acciones que generen confianza. Cuando la ciudadanía percibe que un profesional actúa con rigor y ética, entiende que detrás hay una institución que exige estándares y lo respalda.
La pregunta “¿defensa o interés propio?” debería ser un llamado a la reflexión interna. Si los colegios profesionales priorizan la formación y promueven la ética de sus agremiados, su importancia será invalorable. Porque el respeto a una profesión no nace de los discursos, sino de la coherencia diaria entre lo que se dice y lo que se hace.
(*) Abogado y exdecano del Colegio de Contadores Públicos de Lima.
