López Aliaga plantea pena de muerte para casos de corrupción y violación
En su plan de gobierno propone el retiro del Perú de la Corte IDH para poder aplicar la medida
El plan de gobierno de Renovación Popular, liderado por su candidato presidencial Rafael López Aliaga, coloca la seguridad ciudadana y la lucha contra la corrupción en el centro de su propuesta. En el documento, el candidato plantea medidas de alto calibre, entre ellas el retiro del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para implementar la pena de muerte en casos de violación de menores, corrupción de funcionarios y extorsión.
La propuesta se enmarca en el eje de “Combate frontal contra la extorsión, corrupción, terrorismo y narcotráfico”, tópico en el cual se señala que la salida de la Corte IDH permitiría al país aplicar sanciones excepcionales y urgentes. López Aliaga sostiene que esta medida busca enfrentar delitos que considera de máxima gravedad, como el abuso sexual infantil, la corrupción en altos niveles del Estado y las mafias de extorsión que afectan a ciudadanos y empresarios.
El plan también contempla la creación de fiscales y jueces militares “sin rostro” para procesar a terroristas urbanos, así como la construcción de cárceles en zonas de selva no contactada para recluir a los delincuentes más peligrosos. Se plantea además la expulsión de extranjeros indocumentados, la penalización a directivos de empresas de telefonía que no bloqueen celulares robados y convenios internacionales para trasladar a delincuentes de alta peligrosidad a cárceles en países como Estados Unidos o El Salvador.
Además, el documento propone una inversión de 1,000 millones de dólares en inteligencia policial y militar, la implementación de Centros de Comando y Control (C5) en las capitales regionales y la creación de una Central 105 como sistema único de atención ciudadana.
La propuesta de pena de muerte marca un punto de quiebre en el debate político, pues implica modificar compromisos internacionales y la Constitución. López Aliaga argumenta que la medida es necesaria para recuperar la confianza ciudadana y garantizar que delitos como la corrupción no queden impunes. “En nuestro gobierno no habrá borrón ni cuenta nueva, se aplicará la ley”, señala el documento.
