El gobierno del presidente José Jerí acaba de declarar la ampliación del estado de emergencia en Lima y Callao como respuesta al persistente problema de la inseguridad ciudadana, una de las principales preocupaciones de la población.
La medida, respaldada por el Ministerio del Interior, busca reforzar la capacidad operativa de la PNP mediante el apoyo de las Fuerzas Armadas y la flexibilización de ciertas restricciones legales para el control del orden interno.
El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, confirmó que el estado de emergencia será ampliado al considerar que continúa siendo una “herramienta de soporte fundamental” para la labor policial. Desde la perspectiva del Ejecutivo, esta decisión responde a indicadores oficiales que muestran un ligero descenso en algunos delitos, especialmente en determinadas zonas focalizadas.
Sin embargo, el debate público no gira únicamente en torno a las cifras. Existe una brecha evidente entre los datos gubernamentales y la percepción ciudadana. Mientras el gobierno habla de reducción estadística de la criminalidad, la ciudadanía y los medios de comunicación sostienen que la victimización sigue siendo alta: asesinatos, extorsiones, robos y violencia urbana continúan ocupando titulares diarios y alimentando un clima de temor generalizado.
Esta diferencia entre percepción y realidad estadística no es nueva en el Perú, pero se ha profundizado en un contexto de crisis institucional prolongada, debilitamiento de la autoridad del Estado y desconfianza hacia las instituciones encargadas de garantizar la seguridad. Para muchos ciudadanos, el estado de emergencia se ha convertido en una medida repetitiva que no logra resultados visibles en la vida cotidiana.
En este escenario, la Asociación Pro Seguridad Ciudadana (APROSEC) ha sido clara en su diagnóstico: la inseguridad no disminuirá de manera significativa durante el actual gobierno de Jerí. El problema del crimen es estructural y acumulativo, producto de décadas de informalidad, debilidad institucional, corrupción, falta de inteligencia policial y ausencia de políticas sostenidas de prevención.
Desde esta perspectiva, el estado de emergencia no debe entenderse como una solución definitiva, sino como una medida de contención temporal, útil para recuperar cierto control territorial, pero insuficiente si no se acompaña de reformas estructurales. La experiencia reciente demuestra que los estados de emergencia, por sí solos, no erradican la delincuencia ni reconstruyen la confianza ciudadana.
El desafío para el gobierno de Jerí es doble: por un lado, gestionar la urgencia de una población que exige seguridad inmediata; por otro, construir políticas sostenibles que trasciendan su mandato. En un país marcado por la inestabilidad política y la desconfianza, la seguridad ciudadana se ha convertido no solo en un problema policial, sino en un termómetro de la gobernabilidad y de la capacidad real del Estado para proteger a sus ciudadanos.
Mientras tanto, la ciudadanía sigue evaluando la seguridad no en gráficos ni comunicados oficiales, sino en una pregunta concreta y cotidiana: ¿es seguro salir a la calle?
La respuesta a esa pregunta definirá, más que cualquier estadística, el balance político del estado de emergencia y del gobierno actual.
(*) Presidente de Aprosec.
