Gobierno declara estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días ante aumento de la criminalidad
El Gobierno peruano oficializó el estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao por un periodo de 30 días calendario, como parte de las acciones para enfrentar el incremento de la inseguridad ciudadana. La medida fue establecida mediante el Decreto Supremo N.º 027-2026-PCM, publicado el 27 de febrero en el diario oficial El Peruano.
La disposición responde a la recomendación de la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú, que solicitó retomar este régimen excepcional ante el aumento de hechos violentos y actividades delictivas en la capital y el primer puerto.
Control del orden interno y apoyo militar
Durante la vigencia del estado de emergencia, la Policía mantendrá el control del orden interno con el respaldo de las Fuerzas Armadas. Las zonas de intervención serán determinadas mediante labores de inteligencia y análisis de riesgos, con el objetivo de ejecutar operativos focalizados contra organizaciones criminales.
Suspensión de derechos constitucionales
La medida contempla la restricción temporal de ciertos derechos constitucionales, entre ellos:
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Inviolabilidad de domicilio
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Libertad de tránsito
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Libertad de reunión
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Libertad y seguridad personales
Estas restricciones permitirán a las autoridades realizar intervenciones más rápidas en zonas consideradas de alto riesgo.
Coordinación operativa y nuevas acciones
El decreto también dispone la creación, en un plazo de 24 horas, del Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO) y diversos comités especializados encargados de inteligencia, fiscalización y comunicación estratégica. Estas instancias coordinarán acciones para reducir los índices delictivos y reforzar el control territorial.
Entre las medidas complementarias se incluyen:
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Lucha contra mercados ilegales vinculados al crimen organizado
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Control penitenciario y de telecomunicaciones ilícitas
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Respuesta judicial rápida
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Programas de recompensas e incentivos
Con esta decisión, el Ejecutivo busca contener el avance de la delincuencia y restablecer el orden en Lima y Callao, en medio de una creciente preocupación ciudadana por la seguridad.
