“La minería ilegal financiará candidatos”
Economista Alejandro Indacochea advierte que se aprobó la ampliación del Reinfo para asegurar votos en la campaña electoral y dará pie a la impunidad y a la corrupción

- Según el economista, la ampliación del Reinfo abre la puerta a la corrupción: ahora los mineros informales tienen representación directa en el Congreso, alimentando redes de impunidad y financiamiento ilegal de campañas, mientras la inseguridad ciudadana se fortalece desde esta fuente oculta.
POR: CARLOS RIVERO MELGAR
El economista Alejandro Indacochea, en entrevista con La Noticia al Día, a través de La Noticia TV (canal 27.2 Best Cable), quien cuestionó la ampliación del Reinfo, señaló que la minería informal exporta más de 12,000 millones de dólares que no son fiscalizados, por lo que se hace necesario establecer un control en toda la cadena de producción, empezando por las casi 500 plantas procesadoras que funcionan en todas las zonas de producción de oro.
¿Qué opina sobre la ampliación del Reinfo?
Más que un intento de formalización, para mí la ampliación es un canje político para asegurar votos en una campaña electoral. Con la ampliación del Reinfo se perpetúa la informalidad. Da origen al sicariato, al lavado de activos, a la venta de explosivos, al crimen organizado, a la explotación infantil y, lo más grave, al financiamiento ilegal de campañas electorales y a la representación política directa en el Congreso. Esta es la consecuencia de no haber aprobado ni legislado una ley para las pequeñas empresas. Bajo el membrete de minería artesanal o minería andina se esconde toda esta economía ilegal.
¿Qué solución propone?
No hay que centrarse solo en el Reinfo. Tenemos que hablar de lo que significa la trazabilidad del oro. La minería informal produce 12,000 millones de dólares que salen a Dubái, China y EE. UU. por canales formales. Deberíamos focalizarnos en las plantas procesadoras, se habla de que son más de 500 en todas las zonas de explotación del oro, pero allí están ausentes la Sunat, la Sucamec, la Policía y los ministerios de Economía y de Energía y Minas. Si no queremos controlar 12,000 millones de dólares que salen como exportaciones, estamos fracasando como país. No existe una investigación sobre quiénes financian estas protestas o a qué congresistas buscan. Estamos dejando un vacío como país y lo grave es que están participando directamente del poder para financiar campañas políticas, y lo vamos a tener directamente en el Congreso.
¿Cree que el dinero de la minería ilegal financiará a varios candidatos?
De todas maneras habrá financiamiento para los candidatos. Antes tenían un lobby indirecto que hacía las gestiones, pero ahora tienen representación directa, con abogados de los mineros informales, como ha sido el caso del presidente del Congreso, el señor Salhuana. ¿Cómo vamos a combatir la inseguridad ciudadana si aquí existe una fuente que alimenta la red de corrupción y la impunidad? Esta ampliación del Reinfo va a dar pie a esa red.
¿En qué cree que fracasó el Reinfo?
El Reinfo fue un escudo para que, bajo el título de minería ancestral o andina, se encubriera la informalidad. Hay concesionarios de minas que tienen hasta cinco Reinfos, porque estos se comercializan. No ha existido un verdadero control ni una auditoría adecuada, sino que bajo ese encubrimiento y elementos de presión el Estado ha seguido en ello. Hagamos una revisión de todo lo relacionado con el Reinfo, pero vayamos a las plantas procesadoras: ¿cómo pueden salir 12,000 millones de dólares y no lo vemos?
¿Cree que el presidente Jerí tiene la suficiente fuerza para mantenerse firme ante las posibles protestas de los mineros informales?
El presidente puede pasar a la historia de una forma diferente porque está a cargo del país. Tiene que definirse y dejarnos un país estable, definido para el futuro. Aquí es imposible combatir la delincuencia y la inseguridad ciudadana con un encubrimiento al crimen organizado, a las redes de corrupción y al financiamiento ilegal de campañas electorales.
¿Qué tanto poder tiene la minería ilegal en nuestra política?
Representación directa. Salhuana ha sido abogado de los mineros informales en Madre de Dios; él los llevó a conversar con Castillo para ampliar el Reinfo en el primer año. Si no vemos la trazabilidad, el camino que siguen los 12,000 millones de dólares, estamos fracasando como país y no podremos combatir la inseguridad ciudadana.
¿Es casi un hecho que en el próximo Congreso los mineros informales tengan representación?
Por favor, son 12,000 millones de dólares de participación que se inyectan a la economía formal. Ese dinero se blanquea en el país y por eso se financian campañas electorales. El problema es toda una red que no queremos ver. Debemos controlar todo el ciclo de producción, especialmente las plantas procesadoras.
¿Cree que este gobierno está en la capacidad de tomar una decisión final sobre Petroperú?
Lo positivo es que se haya retirado al presidente del directorio y al gerente de la refinería. Ojalá el gobierno pueda dar los pasos y concesionar la refinería de Talara a un operador como Chevron, que está anunciando una inversión de más de 50,000 millones de dólares en la costa peruana. Petroperú es irrecuperable: se deben vender los activos, los inmuebles y liquidar a los trabajadores. Hay que tomar esa decisión porque Petroperú está perdiendo dos o tres millones de dólares por día, en un país donde tenemos 43 % de anemia en los niños menores de cinco años.
PIDE ELIMINAR LAS LEYES “PROCRIMEN”
Alejandro Indacochea también se pronunció contra las llamadas procrimen. “Pido al presidente Jerí que elimine las leyes prodelincuencia del Congreso: la famosa ‘Ley Soto’, la ley que limitaba la colaboración eficaz, la detención preventiva y dio pie a gastos exorbitantes. Son leyes que favorecen la impunidad. Acaban de sacar una norma según la cual quien trabajó como asistente de un congresista está capacitado para ejercer cualquier cargo público. O sea, el que cargó el maletín al congresista puede dirigir el Indecopi o ser ministro”, manifestó.

