Hace cinco años en el Congreso vacamos a Martín Vizcarra por incapacidad moral permanente. Corría el mes de noviembre de 2020, era la época de la pandemia que mató a más de 200,000 peruanos, mientras este perverso personaje hacía negociados con las vacunas, las pruebas rápidas y las mascarillas con empresas extranjeras, lucrando con la salud de millones de peruanos.
Pocos días antes de decidir su suerte, nos llegó amplia información documentaria, de testigos y colaboradores eficaces de las coimas que había recibido cuando fue Gobernador de Moquegua, además de vicepresidente y ministro.
Martín Vizcarra era un ladrón serial, además de mitómano y genocida, y encima era el que, como jefe de estado, tenía que conducir las próximas elecciones generales. Me acuerdo que aquel lunes me reuní con los portavoces de mi grupo parlamentario y con los demás líderes de las otras bancadas, y les dije que Vizcarra no podía permanecer un día más en Palacio de Gobierno.
El ahora “lagarto” Vizcarra se presentó al Congreso muy orondo y soberbio aquel 9 de noviembre de 2020 a dar un discurso falso y amenazante contra nosotros: sus vacadores. Posteriormente, en el colmo de la descortesía, se retiró del Parlamento haciendo proselitismo personal. Después de un arduo debate, con el voto aplastante de 105 congresistas lo vacamos, y destituyéndolo del cargo lo mandamos a su casa por ladrón, pero sobre todo por haber denigrado la investidura de la presidencia de la República.
La mayor parte de medios de comunicación que vivían de la torta publicitaria estatal, del reactiva y de los favores presidenciales, nos hicieron la guerra mediática, incluso incitando indirectamente a las masas a que nos linchen. Nos tildaban de congresistas sediciosos. Luego de unos años, la historia nos dio la razón, al comprobarse las miserias del psicópata Martín Vizcarra, quien hace unos días fue condenado a 14 años de prisión por cohecho, al recibir sobornos de empresas para efectuar obras públicas, enviándolo a la cárcel. E
n el caso del expresidente Pedro Castillo, la justicia peruana también lo ha condenado a 11 años de cárcel, por golpista, luego de su discurso televisado en cadena nacional el 7 de diciembre de 2022, donde al verse descubierta sus corruptelas, quiso disolver el Congreso y tomar las demás instituciones dándole órdenes para tal despropósito a las Fuerzas Armadas.
En este caso discrepo abiertamente con la sanción que me parece muy benigna. El tribunal condenó a Castillo solo por conspiración a rebelión que tiene una pena menor, cuando en verdad lo debieron condenar por rebelión, que, según nuestro código penal, es un delito de mera actividad: “el que se alza en armas para variar la forma de gobierno o modificar el régimen constitucional”. No es un delito de resultado. Es decir, solo el hecho de levantarse en armas (Pedro Castillo como presidente era también comandante en jefe de las fuerzas armadas y policiales) constituye delito de Rebelión. No interesa si logró o no su objetivo. Ojalá que, en la segunda instancia judicial, pueda recalificarse la tipificación e imponérsele la pena que merece: 20 años de prisión.
(*) Exvicepresidente del Perú.
