La criminalidad desbordada que hoy sacude al Perú no es solo el reflejo de una sociedad enferma de violencia, sino la consecuencia directa de un Estado corroído por la corrupción en sus principales instituciones de justicia y seguridad.
Ninguna medida superficial, ningún estado de emergencia o despliegue militar en las calles podrá revertir el caos mientras la podredumbre siga instalada en la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el INPE.
La experiencia demuestra que las bandas criminales se fortalecen cuando encuentran cómplices dentro del sistema: policías que filtran operativos, fiscales que archivan denuncias, jueces que liberan delincuentes por “falta de pruebas” e instituciones penitenciarias convertidas en oficinas del crimen organizado. Este circuito de impunidad explica por qué cada día hay más asesinatos, extorsiones y secuestros pese a los discursos oficiales. No se trata de falta de leyes, sino de falta de moral pública.
El Perú necesita una revolución institucional que comience por la depuración de sus organismos de justicia. Es indispensable crear un ente autónomo, ejecutivo y permanente que erradique la corrupción en los niveles más altos y más bajos del sistema. Un Consejo Nacional de Moral Pública — como lo propone Perú Acción—, capaz de investigar, sancionar y separar de inmediato a los corruptos que hoy bloquean cualquier esfuerzo de seguridad real.
Mientras esta reforma estructural no se concrete, todo intento de pacificar el país será ilusorio. No habrá seguridad posible si quienes deben protegernos están infiltrados por los mismos delincuentes a los que deberían combatir. La ciudadanía necesita confiar nuevamente en su policía, en sus jueces y en sus fiscales. Esa confianza solo nacerá cuando la corrupción deje de ser la norma y vuelva a ser un delito que se paga con cárcel. La lucha contra la delincuencia es inseparable de la lucha contra la corrupción. Son dos caras de una misma moneda que solo podrá desaparecer cuando el Estado recupere su autoridad moral y su capacidad de imponer justicia.
(*) Presidente de Perú Acción
Presidente del Consejo por la Paz
