El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) confirmó en septiembre de 2025 que los internos recluidos en la Base Naval del Callao, entre ellos, Vladimiro Montesinos, Víctor Polay Campos y Florindo Flores Hala, alias “Artemio”, serán trasladados al penal Ancón II (Piedras Gordas). La decisión responde al vencimiento del convenio suscrito hace más de dos décadas entre el Estado y la Marina de Guerra, que facultaba el uso de un espacio militar como centro de reclusión para personajes de alta peligrosidad. La medida, que en apariencia podría verse como una simple reubicación administrativa, ha generado un fuerte rechazo y se percibe como un despropósito político y estratégico, en un contexto en el que el sistema penitenciario y las políticas de seguridad atraviesan una crisis profunda. El INPE justificó la medida como una consecuencia natural del fin del acuerdo con la Marina, argumentando que corresponde al sistema penitenciario asumir la custodia de los reclusos. En apariencia, se trata de un acto administrativo que devuelve al INPE la potestad de controlar a los internos más emblemáticos de la historia reciente del país.
Sin embargo, la decisión no puede leerse solo en términos burocráticos. La Base Naval del Callao fue, desde los años 90, un símbolo del control absoluto del Estado frente al terrorismo y la corrupción, garantizando un régimen de aislamiento estricto bajo supervisión militar. Su desactivación como cárcel especial genera incertidumbre en un momento en que el sistema penitenciario atraviesa una crisis estructural y un proceso de reestructuración apenas iniciado en marzo de 2025.
Un sistema penitenciario en reestructuración
El INPE se encuentra en pleno proceso de reestructuración desde marzo de 2025, tras la aprobación de un plan integral destinado a enfrentar el hacinamiento, la corrupción interna y la falta de recursos. En este marco, pretender sumar a Piedras Gordas a los internos más peligrosos y emblemáticos del país no solo tensiona un sistema ya debilitado, sino que además representa un retroceso en la política penitenciaria.
La Base Naval, bajo control militar, ha demostrado durante más de dos décadas ser un espacio eficaz para el aislamiento absoluto de internos que encarnan el terrorismo, la corrupción y la violencia de Estado. Cambiarlos de ese entorno seguro a un penal, en pleno proceso de reformas, equivale a abrir un flanco de riesgo innecesario. El trasfondo político y el debate ciudadano
El traslado también se da en un contexto de fuerte desconfianza hacia el gobierno.
La administración de Dina Boluarte acumuló fracasos en materia de seguridad: desde el “cuarto de guerra” hasta los estados de emergencia reiterados, pasando por la inoperancia en la captura de prófugos como Vladimir Cerrón. En ese marco, la decisión de desactivar la cárcel más segura del país genera la percepción de que el Estado se debilita frente a sus propios símbolos.
No debe olvidarse que los internos de la Base Naval representan las heridas más profundas del Perú: el terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA, y la corrupción del régimen fujimorista. El Perú necesita políticas firmes que refuercen sus instituciones y garanticen la seguridad. En ese marco, el traslado de estos internos emblemáticos exige una evaluación técnica rigurosa y una visión estratégica clara, que vaya más allá de una simple decisión administrativa.
(*) Presidente de Aprosec.
