En septiembre de 2025, el escenario político peruano refleja la fragilidad institucional y la estrategia de autoprotección legal de la presidenta Dina Boluarte. El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, recientemente nombrado pese a haber sido censurado como titular del Interior, enfrenta investigaciones fiscales por presuntos actos de corrupción. Su permanencia ha generado críticas, pues diversos analistas sostienen que su rol excede el ámbito jurídico: estaría orientado a blindar a la presidenta frente a los procesos que la involucran.
Un ministro cuestionado para un gobierno debilitado
Lejos de representar renovación, la designación de Santiváñez confirma el uso del aparato estatal como escudo frente a la justicia. Con antecedentes de censura y nuevas investigaciones, su legitimidad política es cuestionada. No obstante, su perfil parece funcional a una agenda inmediata: frenar el avance de procesos judiciales contra Boluarte, tanto en el Ministerio Público como en cortes internacionales por violaciones de derechos humanos durante la represión de protestas.
Seguridad en crisis y pérdida de autoridad
- El contexto agrava la polémica. La inseguridad ciudadana, principal preocupación nacional, ha puesto en jaque la gobernabilidad. Los planes del Ejecutivo han fracasado:
- El Plan Boluarte, sin resultados concretos.
- Estados de emergencia reiterados, sin impacto en los índices delictivos.
- Operativos mediáticos contra motos lineales y extranjeros indocumentados, percibidos como populistas.
- El “cuarto de guerra” contra el crimen, que nunca pasó de la retórica.
- Siete ministros del Interior en poco más de un año, reflejo de improvisación.
A ocho meses de concluir su mandato, el gobierno parece enfocado en ganar tiempo. La propuesta de construir una cárcel en la isla El Frontón ha sido rechazada por el INPE, que advierte sobre el alto costo de construcción y mantenimiento. Desde Aprosec se ha insistido en una alternativa más lógica: culminar las obras paralizadas en Ica, Arequipa, Cajamarca y Loreto. Estas cuatro prisiones podrían habilitarse en menos tiempo y con menor inversión, albergando a más de 15,000 internos. El propio INPE respalda esta opción como solución más eficiente.
La indiferencia del gobierno frente a la necesidad de fortalecer a la Policía —con mejores armas, chalecos, vehículos, comunicaciones y recursos para inteligencia e investigación criminal— evidencia que la seguridad no ha sido prioridad.
Blindaje político vs. protección ciudadana
En este marco de inoperancia, la figura de Santiváñez y la presidenta Boluarte se vuelve aún más cuestionada. Mientras la ciudadanía exige resultados, el gobierno parece enfocado en proteger a sus funcionarios antes que a los peruanos.
Resistencia institucional y futuro incierto
El panorama legal de Boluarte se complica. Los procesos por corrupción y derechos humanos configuran un escenario donde la salida judicial parece inevitable. Desde el Ejecutivo se despliegan estrategias de blindaje:
Nombramientos en sectores clave como Justicia, con posible influencia sobre la Procuraduría y la Fiscalía. Negociaciones parlamentarias para asegurar respaldo mínimo y evitar vacancia o acusación constitucional.
Un discurso presidencial que insiste en la victimización frente a supuestos complots, desviando la atención del ámbito judicial al político.
(*) Presidente de Aprosec.
