Hemos criticado, y considero que, con incontrovertible razón, la mayoría de resoluciones publicadas en la gaceta normativa del diario oficial “El Peruano” son autorizaciones de viaje —exageradas, por cierto—, muchas veces para asistir a eventos irrelevantes que bien podrían ser cubiertos por el personal diplomático o también consular de nuestras embajadas.
Igualmente, gran parte del contenido de tal gaceta son resoluciones de nombramientos de funcionarios públicos, pocos de ellos con certera razón, pues son personal de confianza, como por ejemplo los viceministros. Empero, hay otros que son personal de planta, que no habría razón alguna para ser cambiados, incluso yendo en contra de las regulaciones de SERVIR.
Lo que es inaudito es el número, cada vez más abultado, de asesores. Si bien es entendible que los ministros, ejerciendo cargos políticos, requieran de algunos asesores, no hay razón alguna para que funcionarios de planta, como pueden ser los secretarios generales de los ministerios y de otras entidades del Estado, requieran y nombren asesores.
Por lo común, las funciones y atribuciones de los secretarios generales están relacionadas con el encausamiento o direccionalidad de los documentos, correspondencia y solicitudes que son recepcionadas en los despachos de las oficinas públicas. Igualmente, la distribución a los destinatarios de la correspondencia y respuestas que se deben comunicar a los administrados, además de, por supuesto, llevar los registros y controles de todo ello; en buen romance, labor de mesa de partes con incluso seguimiento de los respectivos expedientes.
Creo que, con justa razón, tenemos que preguntarnos el motivo o motivos por los cuales el personal de planta, especialmente los secretarios generales, tiene que ser asistido por asesores. La verdad es que no encuentro razonabilidad alguna, salvo que sea para contratar allegados o amistades desempleadas, utilizando indebidamente el dinero y recursos financieros del Estado que salen de nuestros impuestos.
Si es que funcionarios de planta no conocen el ejercicio de su puesto, evidentemente aceptaron un nombramiento para hacer lo que no saben, lo que, además de ser irresponsable, daña a la administración y a los administrados. Es dispendioso el nombramiento de asesores para el personal estable o de planta, pues el Estado tiene que pagar más por personal que sería innecesario si el asesorado conoce sus funciones, obligaciones y atribuciones, y las cumple eficientemente.
El tema se agrava cuando, desde el Congreso de la República, se toman decisiones populistas que no solamente asaltan al erario nacional, sino que infringen la regla constitucional en el sentido de que los parlamentarios no tienen iniciativa de gasto.
Antes de que el Estado sea el gran empleador en el país, requerimos que fomente el empleo privado, con reglas claras que garanticen las inversiones y sin trámites y requisitos inverosímiles que afectan hasta la tranquilidad emocional de nuestros ciudadanos.
¡No más asesores innecesarios!
(*) Expresidente del Consejo de Ministros
