“Peligra autonomía financiera y administrativa de EsSalud”

• Con el Dr. Víctor García Toma dialogamos sobre la lucha de las enfermeras de EsSalud en defensa de la autonomía financiera y administrativa de esta institución, así como del pedido de vacancia contra el presidente de la JNJ, Gino Ríos, que, a su juicio, carece de fundamentos.

POR: CARLOS RIVERO MELGAR

El exministro de Justicia y expresidente del Tribunal Constitucional, Víctor García Toma, en conversación con nuestro canal digital La Noticia Perú, advirtió que la autonomía administrativa y financiera de EsSalud podría ponerse en riesgo de permitirse la intervención del Ejecutivo al amparo de una ley que le otorga facultades para legislar sobre aspectos vinculados con la gestión fiscal de los recursos públicos.

¿Por qué el sindicato de Enfermeras de EsSalud ha presentado una demanda de inconstitucionalidad contra el D.L. 1666?

El Sindicato de Enfermeras tomó la decisión de resguardar los intereses de salud de los asegurados de EsSalud afectados por este decreto. La preocupación de las enfermeras pasa porque el Congreso, mediante Ley 32089, concedió al Ejecutivo facultades para legislar sobre aspectos vinculados con la gestión fiscal de los recursos públicos, pero ha terminado interviniendo en relación a la autonomía de EsSsalud. El Ejecutivo pretende intervenir en los aportes de los miembros de EsSalud, pero no lo puede hacer porque esos aportes no provienen del Tesoro Público, sino del bolsillo de los asegurados y las cuotas de los empleadores. Cualquier acción en torno a esa masa económica implicaría una vulneración, por cuanto el decreto legislativo ha excedido las atribuciones conferidas. Asimismo, hay acuerdos de negociación colectiva, y mediante este decreto legislativo se pretende dejarlos sin efecto.

¿Cuáles serían las consecuencias de aprobarse o de ejecutarse este decreto?

La primera es que se pone en peligro la autonomía administrativa financiera y de recursos humanos que tiene EsSalud. Segundo, implicaría que el Ejecutivo pueda tener injerencia sobre dineros que no son suyos. Tercero, se distorsiona el marco de negociación colectiva, en el cual el Ejecutivo no tendría por qué intervenir porque no se refiere a acuerdos que tengan conexión con fondos públicos, y, en segundo lugar, no se puede desconocer aquello que, dentro del marco de la Constitución y de la ley, se firmó dentro del marco del acuerdo entre trabajadores.

¿De darse luz a este decreto también se estaría afectando a los pacientes?

Este no es solamente el tema de las enfermeras y de los médicos, es un tema que corresponde a los asegurados, que ahora se ven amenazados por una intervención del Estado en relación con fondos que aportan a EsSalud.

¿En qué estado se encuentra la demanda?

Está para voto, pero en la medida que el tiempo avanza, aumenta la amenaza de su aplicación. Solicitamos al Tribunal Constitucional que atienda con prontitud la demanda. Recuerden que la mayoría de los trabajadores del TC o el PJ son afiliados a EsSalud, y, en consecuencia, la causa de las enfermeras y los médicos es también la causa de sus trabajadores. Si el tema no se resuelve, habrá problemas porque en la reunión para la negociación colectiva se tiene que determinar si valen las reglas que se han dado siempre o las que tiene que imponer el Estado.

Por otro lado, esta semana se define el pedido para declarar la vacancia del presidente de la Junta Nacional de Justicia, Gino Ríos.

En este caso hay un claro acto, primero, de atropello jurídico, y en segundo lugar de una perversa intención política. El 2007, Gino Ríos interpuso una demanda de divorcio, pero una mala abogada de su exconyugue ha usado piezas procesales que corresponden a su vida íntima y que ella no ha autorizado. En consecuencia, este escándalo se ha originado con infracción a la reserva del secreto profesional. En segundo lugar, la excónyuge deja constancia de que la denuncia fue fruto de un acto de instigación de esta mala profesional. Aquí hay dos consideraciones: O la primera, que se trata de una ignorancia jurídica supina porque se ha hecho uso de los alcances de una ley para solicitar la vacancia, tenía que haber leído el artículo pertinente, esperar que se venza ese plazo, porque se va a demostrar que no tiene razón jurídica, pero lo hace después, con el objeto de que la JNJ desestime la presentación de la tacha. Pero otro aspecto importante es que al momento de los hechos regía la Ley 26260, que no tenía las connotaciones que hoy tiene. Era una ley que en relación a su proyecto de vida no le generaba ninguna afectación. Se dice que ha habido violencia familiar, pero lo cierto es que las pericias realizadas por el Servicio Médico Legal determinaron para la exesposa de Gino Ríos que había un malestar psicológico, fruto derivado del proceso de divorcio.

¿Quiénes están detrás de esta denuncia?

Los mismos grupos que han estado encaramados en otros tiempos, en el TC, en la Defensoría del Pueblo, en la anterior JNJ y aquellos que están agarrados con las uñas y dientes del Ministerio Público. Es, en el fondo, la intención de tratar de recapturar la JNJ o de desprestigiarla. Ha quedado claramente establecido que no existe la causal ni fundamentos jurídicos para declarar la vacancia de Gino Ríos.

¿Cree que estos ataques son una represalia por haber dispuesto la reposición en el Ministerio Público de Tomás Gálvez y Patricia Benavides?

Es claro y evidente que hay decisiones de la JNJ que han molestado, han menoscabado la tranquilidad del segmento caviar del país. Y entonces esta es la respuesta, a esas determinaciones. Al final de lo que se trata finalmente es de bajarle la llanta a la JNJ

PLANTEA REFORMA EN LA CORTE IDH

¿Está de acuerdo con el retiro del Perú de la Corte IDH?

Nos adscribimos al sistema interamericano porque creemos en la necesidad de preservar y defender los derechos fundamentales en aquellos casos en que la justicia nacional no pueda estar a la altura de esa defensa. Y, en consecuencia, recurrimos a una jurisdicción supranacional. En segundo lugar, porque el sistema contribuye a promover y asentar la democracia. Lamentablemente, en los últimos años hubo un copamiento ideológico, una exaltación a aquellas causas que tienen que ver con los terroristas. No es conveniente salirnos de la Corte IDH porque la Corte puede volver a seguir siendo útil. Lo que debemos promover es un proceso de reforma. En el año 2019, Brasil, Argentina, Colombia, Chile, plantearon a la Corte la necesidad de establecer cinco reformas: defender el principio de constitucionalidad (no se puede obligar a un Estado a aplicar una sentencia en contra de un mandato de la constitución); promover el principio de apreciación nacional (cumplir con la sentencia, pero de manera flexible); “no me obligues a cumplir sentencias de otros estados”. Lo más importante: la  Corte no puede crear derechos. El único ente que puede crear derechos es la OEA.