
En mayo de 2024, el Congreso aprobó la Ley n.º 31756, que promueve la donación de órganos y tejidos humanos con fines terapéuticos bajo el principio de presunción de donación universal. Un año después surge una pregunta inevitable: ¿el país avanzó lo suficiente?
Aunque la norma representó un cambio histórico en el sistema peruano, las cifras actuales muestran que el camino cultural avanza con lentitud. El Observatorio Mundial de Donación y Trasplantes aún ubica a Perú entre los países con menor tasa de donantes: apenas 1,5 por millón de habitantes. En 2024, el 77 % de las personas aptas para donar expresó su negativa; solo un 10 % aceptó y un 13 % no declaró su voluntad.
El problema no radica únicamente en el marco legal o en la infraestructura hospitalaria, sino en una profunda brecha cultural. Persisten mitos arraigados, temores sobre el destino de los órganos y la desconfianza hacia las instituciones. Estos factores generan un escenario en el que miles de pacientes continúan en espera. Hoy, más de siete mil peruanos necesitan un órgano para seguir viviendo; cada uno tiene una historia marcada por la incertidumbre y la esperanza.
Un solo donante cadavérico puede salvar o mejorar la vida de más de diez personas: un corazón para quien lo necesita, un hígado que puede salvar a dos pacientes, riñones que devuelven libertad a quienes dependen de una máquina de diálisis, córneas que devuelven la vista. No se trata de estadísticas frías, sino de vidas concretas que pueden renacer.
La experiencia internacional ofrece lecciones claras. España, líder mundial en donación, registra más de 40 donantes por millón de habitantes. Su éxito no se explica solo por la presunción legal, sino por un sistema consolidado de coordinación hospitalaria, capacitación constante del personal médico y campañas de sensibilización que lograron ganarse la confianza de la ciudadanía.
En el Perú, la Ley n.º 31756 no debe considerarse un punto de llegada, sino el inicio de un cambio cultural profundo. El Poder Ejecutivo, el Congreso de la República, el Poder Judicial, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación tienen la responsabilidad de impulsar campañas permanentes, integrar contenidos sobre donación en las escuelas y fomentar conversaciones en las familias. Sin esta labor educativa, la ley corre el riesgo de quedar como una buena intención sin resultados tangibles.
Donar un órgano es un acto de generosidad que trasciende la muerte y se convierte en un legado de vida. Un año después de la reforma legal, el reto sigue vivo: que cada peruano pase del “yo no” al “yo sí”, y que ese sí salve vidas.
(*) Juez Superior titular de la Corte Superior de Justicia de Ucayali.
* La Dirección periodística no se responsabiliza por los artículos firmados

