Desde la década de 1970 hasta la actualidad, Perú ha vivido una realidad política tan singular como alarmante: la mayoría de sus presidentes han terminado envueltos en procesos judiciales, acusaciones de corrupción o incluso en prisión. Esta recurrencia, inusual en cualquier democracia moderna, plantea preguntas inevitables de cara a las elecciones generales de 2026:
¿Qué probabilidad hay de que el próximo presidente de Perú sea acusado de corrupción durante o después de su mandato? Para responder esta pregunta, abordaremos el análisis desde una perspectiva estadística y probabilística, con el respaldo de datos históricos de los últimos 50 años.
Entre 1980 y 2023, 10 presidentes han ejercido la presidencia, y al menos 8 han enfrentado acusaciones judiciales graves. La lista es reveladora. Figuras como Francisco Morales Bermúdez, Alan García, Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, PPK Martín Vizcarra, y Pedro Castillo han sido investigadas o condenadas, reflejando una crisis estructural en la política peruana.
Perú, un caso único
Un estudio del Banco Mundial y Transparency International muestra que Perú tiene una de las tasas más altas de presidentes procesados judicialmente en América Latina. Mientras que países como Chile, Uruguay o Costa Rica tienen una baja incidencia (menos del 20%), Perú se encuentra en la cúspide con un 80%. Esto no ocurre siquiera en países con conflictos armados recientes o instituciones frágiles.
Causas estructurales del patrón peruano
¿Por qué se repite el ciclo? Algunas hipótesis sostenidas por analistas y académicos:
- Fragmentación partidaria: Partidos débiles y sin institucionalidad.
- Financiamiento informal de campañas: Ingreso de dinero ilícito.
- Impunidad estructural: Uso del poder para protegerse.
- Judicialización selectiva: La justicia actúa solo cuando el presidente pierde el poder. Desconfianza crónica ciudadana: Incentivos a la desestabilización. ¿Qué hacer? Recomendaciones desde la prevención estadística Si el 80% de los presidentes caen en corrupción, se necesita actuar preventivamente, no solo reactivamente. Algunas propuestas:
- Reformar la ley de partidos para fortalecer la transparencia.
- Establecer filtros judiciales, patrimoniales y éticos rigurosos.
- Reformar el financiamiento electoral.
- Garantizar autonomía del Ministerio Público y el Poder Judicial.
- Impulsar el monitoreo cívico y periodístico desde el primer día de gobierno.
El desafío no es solo elegir un líder carismático o popular
Las cifras no mienten: ser presidente de Perú en los últimos 50 años implica una altísima probabilidad de terminar acusado de corrupción o crimen organizado. Esta no es una sentencia moral, sino un patrón estadístico verificable.
De cara a las elecciones de 2026, el desafío no es solo elegir un líder carismático o popular, sino rediseñar las reglas del juego institucional para que gobernar Perú deje de ser un camino casi inevitable hacia los tribunales. La tendencia a elegir un líder popular que se identifica con el pueblo ha dominado en las últimas décadas, empezando con Alberto Fujimori, quien derrotó en elecciones a dos de los peruanos más renombrados del último siglo: Mario Vargas Llosa y Javier Pérez de Cuéllar. Luego, el pueblo continuó esta tendencia con Alejandro Toledo, Ollanta Humala y, recientemente, Pedro Castillo.
Finalmente, debemos subrayar que, tras las malas experiencias con varios presidentes elegidos, el actual período presidencial de Pedro Castillo y Dina Boluarte ha terminado por destruir la investidura presidencial, desprestigiando la presidencia de la República.
Teniendo en cuenta estas tendencias, los peruanos debemos ser muy cuidadosos con nuestra elección en 2026.
(*) Presidente de APROSEC.
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