Desde julio de 2018 y posteriormente el inconstitucional cierre del Congreso por Vizcarra en setiembre de 2019, hemos presenciado la intención de dinamitar el Estado desde dentro primero con reformas efectistas, que determinaron la no reelección de congresistas; la creación de la Junta Nacional de Justicia a la medida del gobierno de turno y la falta de transparencia en los fondos que reciben los partidos políticos. Mientras que el regreso a bicameralidad fue rechazado por la propaganda que partió del ejecutivo a no aprobar esta reforma porque los actuales Congresistas igual se iban a reelegir aprovechando que los cargos parlamentarios cambiarían de nombre a diputados y senadores.
Este primer golpe institucional, que venía desde dentro del Estado era promovido por Martín Vizcarra el vicepresidente en el ejercicio del cargo ante la renuncia del titular y tanto la disolución del Congreso así como las reformas obedecieron a debilitar las investigaciones sobre el escandalo de Odebrecht porque el Parlamento ya había encontrado un hilo de investigación sobre la familia del presidente en ejercicio y su cercanía de su empresa con Odebrecht y el denominado Club de la Construcción.
La pandemia por el covid19, añadiendo una transición mal llevada eliminando generales de la Policía Nacional para empoderar a policías amigos significó un quiebre en la institucionalidad de la Policía lo que generó además de la desmoralización el incremento de la inseguridad en todo el país.
Lo peor vino en el año de nuestro bicentenario, porque a partir del año 2021 hasta diciembre de 2022 tuvimos un Ministro de Transportes cuyo mérito fue tener brevete; un Ministro de Agricultura era reo libre; otro era un exterrorista y estaba en el Ministerio de Educación; un exguerrillero amnistiado Ministro de Relaciones Exteriores, hubo otros que vendían remedios milagrosos como así lo hacía un Ministro de Salud y hasta un acusado por homicidio. En este variopinto cuadro de personas, el Estado peruano no pudo estar peor y el desgobierno lograba el quiebre de las instituciones públicas.
La señora Dina Boluarte fue la continuación del gobierno de Pedro Castillo y trató de remediar la falta de meritocracia de su antecesor, sin obtener los resultados que la población exigía y su transición demasiado larga desgraciadamente, ha generado su desaprobación total ante la falta de logros y la abundancia de escándalos que van desde el uso de joyas costosas hasta las operaciones estéticas por lo que la acusan de abandonar el cargo de presidente de la república.
Hoy el Estado peruano se encuentra en una encrucijada, mientras la fiscalía allana los domicilios de la presidente de la república; del Ministro del Interior usando a la Policía Nacional que está a cargo de aquel ministerio; también de congresistas, estos últimos en represalia quieren destituir a la Fiscal de la Nación; los gobiernos locales también funcionan mal, solo ver lo que ha pasado en el incendio en los barrios altos de Lima donde se ha permitido construir edificaciones de muchos pisos sin ningún plan de seguridad, y aquellos que dijeron que iban a demoler como aquel que se encuentra en la cuadra 9 de la avenida Abancay aún se mantienen en pie; y lo último que se ha aprobado en el Congreso la ley de usura mal llamada “gota a gota” es una vergüenza porque parecería que se trabajase para la delincuencia sin considerar que el 70% de la economía peruana es informal, entonces bajo los criterios aprobados para evitar las extorsiones se debe cerrar bodegas, peluquerías, pastelerías y otros negocios.
El ministro del Interior ha sido censurado, su impopularidad además de su falta de resultados contra el crimen organizado ha hecho que su presencia dentro del gobierno se vea cada día más contaminada y profundice el descredito de la presidente, quien debe saber que no hay imprescindibles, y no confundir las funciones de un ministro de Estado con la de un adulador profesional.
(*) Abogado y excongresista.
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