En estos últimos tiempos es muy penoso lo que estamos viendo los ciudadanos en nuestro país, en que lejos de armonizar criterios nuestras más altas autoridades del Estado andan peleándose cotidianamente entre ellas, con acusaciones van y acusaciones vienen, en que el verbo acusar se declina y conjuga en todos los tiempos y personas.
Si bien es cierto que los tres poderes del Estado, como son el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, son autónomos, lo mismo que diversos otros organismos estatales, como la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, la Superintendencia de Bancos, el Banco Central de Reserva del Perú y diversos otros entes públicos, eso no significa, como antes hemos dicho, que no armonicen sus criterios, pues los enfrentamientos solo conducen a confundir a los ciudadanos, que esperan que sus autoridades se comporten debidamente.
Pueden, sin duda alguna, haber discrepancias, pero también hay mecanismos para resolverlas, como es por ejemplo la acción competencial ante el Tribunal Constitucional. Desde la Procuraduría General del Estado, adscrita al Sector Justicia, se acusa al Ministerio Público, llámese Fiscalía, de no ser célere en sus investigaciones y demorarse una eternidad en el ejercicio de sus prerrogativas.
A su vez el Ministerio Público acusa al Poder Judicial de ser el remolón, viendo la paja en el ojo ajeno y no en el propio y, olvidando que los ciudadanos somos quienes padecemos las demoras de los unos y de los otros. A su vez desde el Instituto Nacional Penitenciario (NPE), adscrito al Ministerio de Justicia, se critica al Ministerio Público y al Poder Judicial por el hacinamiento de las cárceles debido a las detenciones preliminares y similares que olvidan la presunción de inocencia.
Por otro lado, el Poder Judicial y la Fiscalía le critican al Sector Justicia por no poner en marcha de una vez por todos los grilletes electrónicos y así podríamos seguir y seguir con un larguísimo etcétera. Por otro lado, se juntan Ministerio Público y Poder Judicial para increpar al Congreso los persistentes cambios en nuestra legislación con avances y retrocesos que perturban los procedimientos, pero sin embargo siguen fiscales y jueces con acusaciones, dictámenes y sentencias kilométricas.
Si bien hay obligación de fundamentar las resoluciones, ello no tiene por qué ser en demasía ni en forma repetitiva. Los ciudadanos vemos consternados los enfrentamientos entre nuestras autoridades, que lejos de reunirse y cordialmente ponerse de acuerdo, salen a los medios a denostar los unos a los otros y viceversa. El resultado es que decrece el poco prestigio que les queda, el reconocimiento ciudadano y social y, la gente común y corriente aumenta su desconfianza en las autoridades del Estado.
Bien podría la presidenta de la República, lo que hemos dicho ya en otras oportunidades, convocar privadamente al Consejo de Estado para ponerse de acuerdo y terminar con esta guerrilla de autoridades que no tiene razón de ser. Otro mecanismo podría ser a través del Acuerdo Nacional, que parecería que sus vacaciones ya duran varios años. Como podemos observar, hay procedimientos para buscar soluciones. Lo que se debe hacer, es ponerlos en práctica, pero ya, sin más dilaciones.
(*) Expresidente del Consejo de Ministros.
