El poder gubernamental, entendido como la prerrogativa político-jurídica de una persona o de un grupo de personas adscritas a un órgano del Estado, con funciones, competencias, formas de nombramiento y tiempo de ejercicio establecidas por la Constitución, está dirigido a determinar, condicionar, dirigir o inducir la conducta de la ciudadanía, bajo el amparo que da la legalidad-legitimidad del mando y el uso de la fuerza racionalizada por el derecho.
Ello en pro de la consecución de fines tales como la defensa de la soberanía, la integridad territorial, el bien común, la justicia, el progreso, la defensa de los derechos de las personas, la prestación de servicios públicos, etc. El uso instrumental del mismo se expresa correcta y eficientemente un lado, en la capacidad, inteligencia, experiencia, astucia y, del otro, en la energía de la voluntad, fortaleza de espíritu y rectitud de propósitos.
La ausencia de aquello nos lleva a un país de mojiganga. Los ejercientes del poder deben tener un conjunto de ideas comunes como recurso para su actuación; lo cual implica una ideología como concepción de la realidad en que se vive; una doctrina como expresión del tipo de sociedad que se desea sostener o construir.
En relación a la ciudadanía, el poder debe necesariamente ser persuasivo, motivador o coaccionante cuando se acredite el desconocimiento de la Constitución y la ley; sobre todo en relación a los deberes ciudadanos, el respeto al orden y moral pública o la violación de los derechos de los semejantes.
En lo interno, se debe seleccionar a los más competentes. No son buena compañía los ahijados, los zalameros, los Waykis, los aliados con oscuro pasado y pronosticable futuro judicial. Es responsabilidad de los gobernantes asegurarse sus propios mecanismos de selección, vigilancia y custodia.
En relación con las fuerzas institucionalizadas no gobernantes, desde la autoridad se deben hacer esfuerzos en pro del dialogo, la cooperación, la negociación leal y promoción de iniciativas y recogimiento de expectativas en función a intereses democráticos y plausibles.
En relación al gobierno actual, somos navegantes en una embarcación que no tiene destino conocido; que ignora la existencia de una carta de navegación; y que nunca ha oído hablar de la estrella polar.
La “marinería política” se ha ganado la licencia de no ser arrojado al mar, pese a su incompetencia o corrupción, a punta de lisonjas cada vez más edulcoradas y despercudidas de decoro o sentido común.
François Marie-Arouet Voltaire decía con razón, a modo de consejo político, que “la peor especie de enemigos es la de los aduladores”. Estos viven a expensas de quien, ante la angustia de ser reconocida como autoridad, le escucha, felicita y complace. Los que administran justicia y fiscalizan la actuación gubernamental solo aumentan el desconcierto y la acritud del pueblo.
Felizmente, falta poco para que un proceso electoral nos rescate de esta travesía sin rumbo; ello siempre que los partidos ingresen a la lid electoral con programas, candidatos y equipos idóneos Y que el pueblo sea responsable de un voto informado, consciente y responsable: Nada de esto esta asegurado, pero la fe está latente
Si ese cambio nos devela el optimismo; entonces debemos emprender la más profunda reforma del sistema de justicia.
Las elecciones lavan los gobiernos; las reformas gubernamentales bien hechas, le devuelven a la justicia su lugar en el respeto del pueblo.
Ojalá que el nuevo proceso electoral nos reinicie en el camino de las cosas que se deben hacer, para el bien de todos; y nos aleje de aquello que queremos enterrar y olvidar.
(*) Expresidente del Tribunal Constitucional.
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